El fiscal anticorrupción del caso Limusa, Juan Pablo Lozano, ha reconsiderado la calificación del ex director de la empresa municipal lorquina, Francisco Gil Eguino, y ha decidido elevar la pena a siete años de prisión por un delito continuado de malversación con falsedad documental y prevaricación.

Lozano, que propuso el pasado mes de junio a Gil Eguino un acuerdo de conformidad por el que pedía para éste penas que sumaban cuatro años y cuatro meses de prisión, ha añadido a la pena la inhabilitación absoluta y seis meses de prisión y de multa por falsedad de documento mercantil.

De tal forma, sigue manteniendo la idea base del delito continuado de malversación, aplicado en este caso a la falsedad de documento y de prevaricación, y mantiene los escritos de calificación provisional respecto a los demás acusados que prestaron el reconocimiento de hechos.

Sobre la esposa de Gil Eguino, Ofelia González, ha retirado la acusación penal por un delito de prevaricación aunque le mantiene su responsabilidad civil como partícipe a título plurativo hasta el importe límite de las ayudas sociales (66.000 euros).

Por su parte, el letrado que representa al Ayuntamiento de Lorca, Mariano Bo, ha solicitado siete años y seis meses de prisión contra Gil Eguino por un delito de malversación en concurso con prevaricación, otros seis meses de cárcel y multa de seis meses por falsedad documental y dos años por un delito de integridad moral, ya que, según explicó en declaraciones a Europa Press, "confundió el interés público con el privado, lo que derivó en este entramado", así como las costas de la acusación particular.

Asimismo, solicita un año y seis meses de prisión contra la esposa de Gil Eguino como cómplice de un delito de malversación y dos años más de prisión y multa de 18 meses por un delito de alzamiento de bienes, "pues un día antes de bloquearles las cuentas sacó 120.000 euros en metálico".

El abogado pide a ambos como responsabilidad civil 740.000 euros, adheriéndose a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, de las que ya se ha descontado al resto de imputados.

No se admite como atenuante la reparación del daño ni la concesión porque, ha señalado a Europa Press, no confesó todos los delitos y los que lo hizo lo realizó "sesgadamente" y desviando la atención a otros posibles beneficiarios "cuando los testigos manifestaron lo contrario".

A este punto, Mariano Bo ha asegurado que la reparación del daño no llega ni al 10 por ciento de lo reclamado y se ha efectuado en aquellos delitos en los que los testigos ya habían manifestado la existencia de esos hechos delictivos y la falsedad, además, señaló, "la intención debe ser reparar el daño".

Por su parte, la defensa del trabajador Jacinto Parra, Ricardo Mateos mantiene contra Francisco Gil Eguino una pena de dos años de prisión por un delito de acoso laboral.

Mientras el abogado defensor de Gil Eguino, Jaime Peris, ha pedido por los hechos aceptados por su defendido, quien confesó que cargó a las cuentas de esta empresa municipal facturas que no controló debidamente, como los más de 5.000 euros gastados en consumiciones y servicios sexuales en un club de alterne de Sevilla, un total de dos años y medio de prisión por malversación e inhabilitación absoluta durante dos años.

Además, el defensor de Gil Eguino ha pedido seis penas de dos meses de multa, con una cuota diaria de diez euros por otros tantos delitos de falsedad, e inhabilitación de empleo durante dos meses en cada uno de ellos. Asimismo, el letrado pidió que se tuviera en cuenta las atenuantes de reparación del daño y de confesión de los hechos.

Mientras que el abogado de Bartolomé Soler ha pedido que en sus penas se acuerde la suspensión por tiempo de dos años y se aplique la conversión en multa.

El abogado defensor de Jesús Molina ha solicitado que conste que no se le acusa por prevaricación y la suspensión de la pena de cuatro meses con la consiguiente consignación de la multa, así como que se levanten los embargos que en su caso pueden estar señalados.

Ocho veces más culpable que el resto

El fiscal ha expuesto en su informe que Gil "no actuó de forma imprudente", ya que actuó de forma reiterada en sus comportamientos ilegales "durante un largo periodo de tiempo". Mientras que Jaime Peris ha declarado en la presentación de sus conclusiones, que su cliente no sería tan malo cuando no despidió a ningún trabajador. Además, subrayó, "se le hace responsable de todo, incluso de los convenios colectivos".

"Le daba para todo y los demás no hacían nada", señaló irónicamente, "como Jacinto Parra que tenía un sueldo disparatado superior a los 4.000 euros mensuales", continuó el letrado, "pero parece que el único que tenía esos sueldos disparatados era Gil Eguino", quien, afirmó, "estaba dispuesto a confesar algunos extremos como el acoso porque no quería que su esposa estuviera aquí sentada".

Tras lo que solicitó al tribunal que decidan si "el delincuente de mi cliente es ocho veces más culpable que el resto de imputados".

Finalmente, los acusados Bartolomé Soler, Francisco Poyato, Jesús Molina y Gil Eguino han evitado hacer una última manifestación al tribunal, no así Ofelia González que ha subrayado un "soy inocente de todo lo que me acusan".

Ante todo esto, el trabajador de Limusa que denunció la trama, Jacinto Parra, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, estar "muy contento" y satisfecho con el transcurso del juicio después de tantos años.