La Fiscalía de Sevilla ha rebajado de un año a cuatro meses su petición de cárcel por un delito de desórdenes públicos para cada uno de los 23 acusados de participar en el asalto al Rectorado de la Universidad de Sevilla en febrero de 2002, ya que ha tenido en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas al haber transcurrido nueve años desde que ocurrieron los hechos, lo que incluso motivó que todos los letrados de la defensa pidieran suspender el juicio ante la posible prescripción de las actuaciones.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el fiscal ha modificado su escrito de acusación provisional en el punto referido a la petición de penas y, finalmente, ha solicitado para cada uno de los 23 acusados cuatro meses de cárcel por un delito de desórdenes públicos, así como el pago de una multa de 480 euros por un delito de daños, y el abono de 360 euros por tres faltas de lesiones tras las lesiones sufridas por tres vigilantes de seguridad que intentaron evitar los hechos.

Asimismo, y en concepto de responsabilidad civil, ha interesado que los imputados paguen de forma solidaria una indemnización de 37.494,34 euros por los daños causados en la Universidad, entre ellos la rotura de varias puertas del siglo XVIII. De su lado, los letrados de los acusados han pedido la libre absolución de sus patrocinados por falta de pruebas y porque todos los acusados estaban "identificados previamente" a ocurrir los hechos por su actividad política y social.

Durante el juicio, que comenzó la pasada semana en el Juzgado de lo Penal número 8 y que ha quedado visto para sentencia este mismo miércoles, los 23 acusados —inicialmente eran 24, pero un aparcacoches que supuestamente participó en los hechos será juzgado de manera individual— negaron que participaran en la rotura de las puertas del siglo XVIII y aseguraron que no tenían intención ni de alterar el orden público ni de hacer daño, según han recordado a Europa Press las mismas fuentes.

Incluso, uno de los procesados, Alejandro M.M., dijo que el día de los hechos se encontraba haciendo un examen de Derecho Administrativo en la Facultad de Relaciones Laborales, por lo que acudió al Rectorado una vez las puertas ya habían sido destrozadas, y únicamente pudo observar "una gran humareda de polvo de los extintores", tras lo cual se dirigió en compañía de unos amigos hacia la Puerta de Jerez, donde fue identificado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Durante la primera jornada de la vista oral también declaró como acusado un letrado, que el día de los hechos fue requerido por el sindicato CGT, para cuya asesoría trabajaba, al objeto de que se presentara en el patio del Rectorado para que mediara, "pues había una asamblea y había tensión". "No tengo explicación para la detención", dijo entonces.

Los hechos

En su escrito de acusación, consultado por Europa Press, el Ministerio Público relata que los hechos sucedieron sobre las 10,00 horas del 8 de febrero de 2002, cuando un grupo de jóvenes, "actuando mutuamente de acuerdo", penetró en el Rectorado de la Hispalense portando "palanquetas y barras de hierro" y "vociferando y en actitud amenazante". Tras ello, subieron todos hasta la primera planta, donde se encuentra la zona del Rectorado.

Una vez allí, para acceder a la zona y "utilizando las palanquetas y barras que portaban, así como extintores que tomaron en el vestíbulo del Rectorado, forzaron una primera puerta, causándole grandes desperfectos", y una vez abierta "golpearon indiscriminadamente a los vigilantes jurados de la Universidad que trataban de impedirles el paso".

Para el Ministerio Público, el grupo continuó avanzando y fracturó dos puertas más antes de acceder al despacho del rector, "donde realizaron pintadas en la moqueta y destrozaron el entelado de la pared". Posteriormente, los jóvenes supuestamente se dirigieron hacia la Sala de Juntas, donde estaba reunida la Junta de Gobierno de la Universidad, y "tras golpear y arrollar a los vigilantes jurados, rompieron la puerta de la sala y accedieron al interior", por lo que los miembros de la Junta tuvieron que interrumpir la reunión.

El fiscal prosigue que una vez en las dependencias algunos de los asaltantes leyeron ante la prensa unos comunicados, tras lo que abandonaron las instalaciones sobre las 11,15 horas. Como consecuencia de estos actos, tres de los vigilantes sufrieron lesiones cuando trataban de parar el avance del grupo de jóvenes, mientras que las puertas destrozadas sufrieron daños tasados en 34.187 euros y en el resto de instalaciones universitarias los desperfectos se valoraron en 22.830 euros, continúa la acusación.