El Congreso ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley de jurisdicción social, que reordena las competencias de diferentes órdenes jurisdiccionales para unificar a favor de lo social lo que tiene que ver con las relaciones laborales, así como con la seguridad y la protección social.

De esta forma, todas las competencias relativas a accidentes de trabajo que hasta ahora se atribuían a los tribunales civiles o contencioso-administrativos se verán en los de lo social.

Asimismo, el orden social será el competente para velar por el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aún cuando no se hayan producido daños concretos por eventuales incumplimientos.

En un comunicado, el grupo parlamentario socialista ha subrayado que con esta ley se conseguirá dar una respuesta más eficaz y ágil a los litigios que se puedan suscitar en el ámbito laboral.

Además, ha considerado que permitirá una mejor defensa de los derechos de los trabajadores frente a los empresarios y ante los servicios públicos que gestionan las prestaciones a las que tienen derecho, como la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal.

Por su parte, el grupo parlamentario catalán (CiU) ha destacado en otro comunicado que la ley permitirá la aceleración de los litigios relacionados con los procesos de valoración y reconocimiento del derecho a percibir la prestación por dependencia, que se tramitará por la vía social en lugar de por la contencioso-administrativa.

Con este objetivo, según CiU, el Gobierno deberá desarrollar en el plazo de tres años una legislación específica que posibilite este aspecto de la ley y fije su entrada en vigo