La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha advertido este lunes de que la cuestión de constitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) sobre la modificación de la Ley del Suelo puede "retrasar más" las ejecuciones de las propias sentencias y la entrega de las indemnizaciones.

AMA se ha pronunciado así en un comunicado de prensa tras el anuncio del TSJC de plantear que se estudie la constitucionalidad del cambio legal por el que se permite indemnizar a los propietarios de viviendas con sentencias de derribo en la costa cántabra antes de que se ejecute la demolición.

En opinión de los afectados por los derribos, la ley de abril es "totalmente constitucional" ya que "en ningún momento impide la ejecución de las sentencias".

Sin embargo, AMA ha manifestado su "respeto" a la división de poderes y a las decisiones judiciales y reconoce que solicitar el procedimiento para esta cuestión de inconstitucionalidad "está entre las atribuciones" del TSJC.

Además, ha considerado que la Ley 2/2011 es una "ley garantista para todos los ciudadanos de Cantabria que pueden recibir las indemnizaciones a que tienen derecho, cuando la Administración sea declarada culpable, sin tener que esperar muchos años para que se satisfaga la deuda que las Administraciones Públicas tienen con ellos".

También la Asociación se ha sumado a la opinión de "importantes juristas" que consideran que la citada ley "sólo afecta al cobro de las indemnizaciones".

Según ha asegurado, esta norma no puede impedir la ejecución de los derribos, ordenados en sentencias firmes de los Juzgados y tribunales.

Sólo dos posibilidades

AMA ha señalado que las víctimas de las sentencias de derribo no quieren "de ninguna de las maneras" el retraso de las ejecuciones de las sentencias ya que —ha afirmado— "después de tantos años lo único que quieren es acabar de una vez con una situación que les está costando su propia salud".

Así, tanto AMA como las víctimas piden que las instituciones terminen con esta situación "lo antes posible" ya que "sólo hay dos posibilidades" que son, según ha señalado, "la regularización de lo que permita el ordenamiento jurídico y la justa indemnización a las víctimas".

Además, la Asociación ha solicitado la responsabilidad de las instituciones para que no "dilapiden más de 300 millones de euros de todos los ciudadanos" ni "sigan alargando artificialmente el sufrimiento de cientos de familias".