Carbonero ve que la Junta "debe gestionar el caso de los ERE más inteligentemente" y critica la poca discreción judicial

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, considera que la Junta "podría haber gestionando el caso de las presuntas irregularidades que están siendo investigadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) de forma más inteligente y más eficaz, sin dar pábulo permanente a ciertas cuestiones".

En declaraciones a Europa Press, Carbonero además considera que "se ha radiado y publicitado con excesivo bombo toda la actuación de la Justicia", de forma que en su opinión, la actuación judicial "debería haber sido más discreta".

El dirigente sindical, quien reconoció que esta cuestión "ha sido muy instrumentalizada desde el PP", ha lamentado que en este caso "se ha criminalizado a todo el mundo y se ha generado un grave perjuicio a muchas personas, además de cuestionarse el procedimiento de los ERE".

En ese sentido, considera que la Consejería de Empleo "podría haber gestionado este asunto de forma mas inteligente y más eficaz sin haber estado dando pábulo permanente a estas cuestiones".

Además ha criticado la "escasa discreción" en el ámbito de actuación judicial, de forma que "en España, sin ocultar nada, hay que ser con determinados temas más discretos, pues en ocasiones se provocan daños colectivos difíciles de reparar".

De esta forma, ha lamentado que "se diga que hay casi 200 personas que están de forma irregular en los ERE y después se quede solo en unos pocos porque una parte importante son irregularidades administrativas", toda vez que ello supone que "se haya culpado a personas a las que se les ha causado un perjuicio absolutamente innecesario".

"La Junta podría haberlo hecho de forma distinta", ha agregado Carbonero, quien considera que "la actuación de la administración autonómica debe ser rigurosa y profesional con el cumplimiento de las normas y no puede ser obstáculo ni causar graves perjuicios a la gente", ha agregado en referencia a los problemas generados derivados de los atrasos en los pagos de pólizas a los prejubilados por ERE.