La Fiscalía Provincial de Granada ha solicitado siete años de prisión y 25 de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde de Atarfe Víctor Sánchez (PSOE) por los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y falsedad documental que presuntamente cometió en la construcción de la urbanización Medina Elvira Residencial y un campo de golf anexo a la misma, entre otras obras.

El fiscal, que además pide una multa de 43.200 euros para el exregidor, extiende su acusación al por entonces arquitecto municipal de Atarfe, Luis Gustavo García, al secretario del Consistorio, Antonio León Garrido, y el representante legal de la entidad mercantil Vladigof S.A. y Nadasol, Maximiliano Balbola.

Para ellos pide penas por un total de 11 años de cárcel y 23 de inhabilitación especial por los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, falsedad documental y construcción ilegal, según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

El fiscal considera que los acusados se concertaron mutuamente y elaboraron un plan para, con vulneración de la legislación urbanística, llevar a cabo una operación inmobiliaria en el sector urbanístico SR-20 de Atarfe a fin de incrementar al máximo la edificabilidad y densidad que permite la ley.

Así, considera que todos ellos, cada uno en el ámbito de su competencia, idearon la realización del Plan Parcial, el cual fueron desarrollando "con continuas modificaciones, firmas de varios convenios urbanísticos y realización de varios estudios. Todo ello con "vulneración de la legislación urbanística" para "enmascarar la realidad".

La operación urbanística tenía como finalidad la construcción de la urbanización 'Medina Elvira Residencial', que incluía 3.500 viviendas, la construcción de un campo de golf anexo a la citada urbanización, la construcción de una estación depuradora en el anejo de Caparecena y otras obras complementarias.

Según la apreciación del fiscal, parte de la urbanización Medina Elvira Residencial está ubicada en suelos protegidos incluidos en el Sistema de Espacios Libres de la Aglomeración Urbana de Granada, por lo que no se pueden urbanizar.

Concretamente, el área afectada por esta protección es de 66.000 metros cuadrados donde se incluyen cuatro parcelas.

En definitiva, y como resulta del relato de los hechos, el fiscal considera que los acusados han llevado a cabo un desarrollo del SR-20 de Atarfe contrario a lo establecido en cualquier normativa de planeamiento vigente y, mediante la utilización de estudios de detalle —que "escapan a los controles de la Administración Autonómica"— han vulnerado lo establecido en los planeamientos generales, bien con la invasión de espacios protegidos por el Potaug o superando lo estipulado en el proyecto de reparcelación.

Todas las actuaciones —estudios de detalle y concesión de licencias— se han realizado con los informes técnicos y jurídicos del arquitecto y del secretario municipal, este último "sin que en ningún momento haya hecho constar la ilegalidad de las actuaciones que se estaban llevando a cabo".

Todo ello, añade el fiscal, ha permitido a los acusados cambiar tipologías, incrementar edificabilidades, construir bloques plurifamiliares en parcelas donde sólo podía caber una vivienda aislada o pareada en detrimento finalmente de la calidad de vida de los ciudadanos.

No obstante, la cuestión relativa al supuesto perjuicio causado al municipio y consiguiente beneficio al promotor, ha quedado fuera de esta causa.