SEO/BirdLife, junto con otros socios de BirdLife de 37 países más, ha presentado en la Conferencia Europea sobre Caza Ilegal de Aves en Larnaka (Chipre) un estudio sobre la matanza y captura ilegal de aves, que asegura que hay más de 1.800 paranys y barracas ilegales distribuidos por diferentes puntos de España.

En concreto, el estudio denuncia que algunas comarcas de Castellón, norte de Valencia, sur de Tarragona y puntualmente del sureste de Aragón siguen realizando estas prácticas debido a "la tolerancia de las autoridades locales, la presión de los cazadores irresponsables y al respaldo de los partidos políticos que anteponen la defensa de una cruel tradición practicada por unos pocos, al deber de conservar la biodiversidad y el patrimonio natural de todos".

Según SEO/BirdLife, el parany o barraca "consiste básicamente en atrapar aves cuando se posan en los árboles-trampa impregnados con pegamento o liga, impidiéndoles el vuelo, para después darles muerte aplastándoles el cráneo con los dedos".

Esta modalidad de caza está prohibida por las leyes españolas y europeas. Además, ha recordado que distintas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, del Tribunal Supremo de España y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declaran probado que el parany es una técnica de caza masiva y no selectiva y confirman su ilegalidad.

Asimismo, el informe recopila la variedad de medios ilegales que existen actualmente para capturar y/o matar aves y hace un balance de las motivaciones que subyacen detrás de estos delitos. En este sentido, subraya que "el uso ilegal e indiscriminado de todo tipo de venenos es uno de los medios más preocupantes para dar muerte a las aves ya que, además, resulta igualmente peligroso para la vida silvestre y para las personas".

Por otro lado, durante la conferencia los responsables de BirdLife International han recomendado a los gobiernos establecer protocolos específicos y fomentar la eficacia de las instituciones en estos temas, así como garantizar los fondos adecuados para que las fuerzas del orden, las aduanas y los tribunales puedan aplicar la ley en un tiempo razonable. Igualmente, han señalado que los gobiernos y las ONG deberían trabajar conjuntamente para "obtener una mejor y más completa información sobre los delitos cometidos contra las especies silvestres, y poder así desarrollar una estrategia común sobre el problema".

Por último, SEO/BirdLife ha confirmado su voluntad de trabajar con las asociaciones de cazadores, con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, así como con otros grupos interesados, para "encontrar las mejores soluciones a este problema".