Asaja-Sevilla exige al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) que retire la figura de los contratos territoriales de explotación tras el "fracaso" demostrado en otros países comunitarios y que en España este tipo contratos no se han llevado nunca a la práctica.

En una nota, Asaja ha agregado que "se da la paradoja, además, de que después de cuatro años de retraso en la puesta en marcha de la Ley, se consensuen ahora este tipo de medidas con los representantes salientes, en lugar de con los nuevos gobiernos autonómicos".

Asaja lamenta que el MARM ha pactado con los representantes "salientes" de las comunidades autónomas un Real Decreto que incorpora a la Ley de Desarrollo Rural los contratos territoriales de explotación, una figura legislativa que, a su juicio, "incrementa aún más los compromisos medioambientales de los agricultores sin aportar ningún valor añadido y que ha resultado un auténtico fracaso en otros países comunitarios, como Francia".

Ha agregado que cuatro años después de ser aprobada, el Ministerio se propone ahora poner en marcha la Ley de Desarrollo Rural, una Ley que incluye los contratos territoriales de explotación como un requisito legislativo añadido por el que el agricultor suscribe nuevos compromisos de carácter medioambiental en el desarrollo de su actividad productiva. Sin embargo, Asaja considera que "la ineficacia de este tipo de contratos, la falta de consenso que han suscitado entre las comunidades autónomas y la pésima experiencia que dejan en otros países comunitarios llevan a Asaja-Sevilla a pedir al MARM su retirada de la Ley".

La organización agraria ha apuntado que los contratos territoriales de explotación (CTE) "son una figura legislativa que se puso en marcha en algunos países como Francia tras la reforma de la PAC de la Agenda 2000, como consecuencia de planteamientos puramente 'teóricos' y cuya implantación resultó un completo desastre, lo que les obligó a dejarlos aparcados" y ha agregado que en España este tipo de contratos "no se han llevado nunca a la práctica".

No obstante, ha recordado que la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural sí los contempla, aunque los circunscribe exclusivamente a medidas desarrolladas en esta Ley no agraria.

Asaja ha explicado que son las organizaciones medioambientalistas (WWF, Greenpeace, SEO BirdLife, Ecologistas en Acción y otras) "las que pretenden que se utilice la figura de los contratos territoriales de explotación para 'reverdecer' la propia PAC en aspectos que van mucho más allá de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, y abogan porque el agricultor suscriba nuevos compromisos de carácter medioambiental, similares a los que defienden Gran Bretaña o Suecia en la futura reforma de la PAC, dejando la vertiente productiva de la actividad agraria en un plano totalmente secundario".

Asaja entiende que "no tiene ningún sentido implementar ahora en España este tipo de contrato que ya ha fracasado fuera, máxime cuando no aporta ningún valor añadido para el agricultor y ganadero".

Asegura que los estándares medioambientales con los que cumplen los agricultores españoles "son ya suficientemente elevados, pero además, muchos agricultores españoles han suscrito voluntariamente, dentro de los programas de desarrollo rural, compromiso plurianuales más exigentes, como son las medidas agroambientales o las ayudas a zonas desfavorecidas y otros contratos de carácter anual como es el caso de la Solicitud de Pago Único", por lo que Asaja-Sevilla rechaza "más compromisos medioambientales y más burocracia".

Asaja apunta que "ni siquiera este instrumento legal ha contado con el refrendo suficiente por parte de las comunidades autónomas encargadas de aplicarlo, por lo que ante la falta de consenso se optó por contemplarlo como una medida opcional en cada plan de desarrollo rural", mientras que ahora, con nuevos gobiernos autonómicos en la mayor parte de España, a juicio de esta organización, "lo lógico sería retirar la actual redacción de los contratos territoriales de explotación y proponer una modificación de algún artículo de la Ley que lo regula".