El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha asegurado este jueves que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, —la cual se encarga del caso relativo a la investigación por la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta—, debe "cumplir el auto" de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que estima los recursos presentados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía y ordena devolver a la Junta las actas de los consejos, custodiados hasta ahora en sede judicial.

En rueda de prensa en Huelva, Valderas ha recordado que cuando la sentencia dio la razón a la juez y decía que la Junta de Andalucía "tenía que cumplir" y hacer entrega de las mismas, su formación "dijo lo mismo" y abogó por el cumplimiento de la resolución.

En este sentido, el líder de IULV-CA ha instado a la magistrada Mercedes Alaya a que "reclame" si hubiera un espacio para la reclamación, "tal y como hizo en su momento la Junta de Andalucía". No obstante, en el caso de que no existiera esa posibilidad, que "responda".

A su juicio, la juez "tiene la misma obligación que el Gobierno andaluz y debe aceptar y cumplir con la ley como cualquier ciudadano", ha concluido Valderas.