El Procurador del Común, en su informe de 2010, recoge que en la gestión de los expedientes de Función Pública general "hay que reiterar" la presentación de denuncias por "la deficiente" gestión en los procedimiento de provisión de puestos de trabajo en la Administración regional, aunque en general la actuación de las administraciones públicas el pasado año "ha sido ajustada a la legalidad"

En el informe del Procurador, que ha sido entregado hoy a la presidenta de las Cortes, María Josefa García Cirac, las quejas, en este sentido, se refieren a los concursos de méritos, ya que se "incumple" la periodicidad anual de las convocatorias contemplada en la Ley de la Función Pública de Castilla y León y "la falta de transparencia" en los procesos de selección de personal.

Entre las cuestiones más denunciadas por los promotores de quejas el pasado año, el informe del Procurador del Común destaca "la excesiva demora" en la tramitación administrativa de las relaciones de puestos de trabajo con sus consiguientes efectos en las convocatorias de concursos para personal funcionario y la falta de medidas para corregir la situación de destino provisional que tienen un elevado número de funcionarios de carrera.

En lo que se refiere a las corporaciones locales, el informe del Procurador establece que la mayor parte de las resoluciones se han emitido en materia de selección de personal.

Esto dio lugar a varias resoluciones instando, entre otras corporaciones, a las diputaciones de León y Palencia para que dieran satisfacción al principio de especialización de los órganos de selección de personal y a los ayuntamientos de Peleas de Abajo (Zamora), Villaquilambre (León) y Villamayor de la Armuña, recordándoles el deber de dar cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

Otra cuestión relevante a destacar en este informe es la "deficiente publicidad" de las convocatorias de procesos de selección de personal en el ámbito de la administración institucional y de las fundaciones de naturaleza pública, ya que se han detectado diversas irregularidades en las actuaciones supervisoras realizadas sobre el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y la Fundación Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de León.

Por otro lado, se ha observado un descenso en las quejas que "de manera directa o indirecta" ponían de manifiesto un posible "acoso laboral" en la Administración.

Asimismo, en el informe del Procurador se puede leer que la adopción de soluciones por parte de la Administración regional para dar respuesta a algunos problemas surgidos en el desempeño de la Función Pública "sigue sin atender a los principios legales" y cita "como ejemplo más significativo" la falta de desarrollo de la relación de puestos de trabajo de los servicios periféricos de la Consejería de Economía y Empleo.