La institución del Procurador del Común de Castilla y León recibió durante 2010 un total de 1.956 quejas de los ciudadanos, un 21,25 por ciento menos que en el año anterior, a las que se suman 36 acciones iniciadas de oficio por este organismo estatutario, según ha informado este miércoles el propio Procurador, Javier Amoedo, tras entregar en sede parlamentaria el Informe anual del Procurador del Común de Castilla y León correspondiente al pasado año.

La mayor parte de las quejas presentadas por los castellanoleoneses, un 19 por ciento, correspondieron a temas de carácter jurídico, seguidos de las áreas de fomento (15 por ciento), función pública (11 por ciento) y medio ambiente (10 por ciento). El Procurador ha significado en este punto la caída de las reclamaciones relacionadas con la Dependencia por el "buen trabajo" llevado a cabo por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en esta materia que ha permitido resolver "muchos expedientes".

Por administraciones, el grueso de las quejas de los castellanoleoneses (42 por ciento) fueron motivadas por actuaciones de los ayuntamientos, seguidos de la Administración Autonómica (34 por ciento) y de la Administración Central (13 por ciento).

Como es habitual, León aglutinó el mayor número de quejas, que supusieron el 26 por ciento del conjunto, por tratarse de la provincia en la que se encuentra la sede de la institución del Procurador del Común, según ha explicado Amoedo. Le siguen Valladolid (13 por ciento) y Burgos (12 por ciento), mientras que Ávila y Segovia (con el 5 por ciento) y Soria (con el 4 por ciento) fueron las provincias que menor número de quejas formularon.

El Procurador del Común dictó el pasado año un total de 1.104 resoluciones, lo que supone una media de tres resoluciones diarias, según ha significado Amoedo, de las que 617 (el 56 por ciento) contenían recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias a la Administración por actuaciones irregulares mientras que en las 487 restantes (44 por ciento) se acordó el archivo de la presentación de la queja por inexistencia de irregularidad.

"Ambos tipos de resoluciones plantean los mismos problemas porque el expediente se tramita en su totalidad y dan exactamente el mismo trabajo", ha explicado el Procurador del Común, que ha defendido de este modo la labor diaria que desempeña la institución que dirige.

Javier Amoedo ha cifrado en un 75 por ciento las resoluciones aceptadas total o parcialmente por las administraciones motivo de las quejas ciudadanas y que han admitido una posible actuación irregular comprometiéndose a poner los medios necesarios para corregir esa mala praxis.

A fecha de 31 de diciembre de 2010 había 125 resoluciones estimadas pendientes de contestación mientras que se tuvieron que archivar 32 expedientes por falta de respuesta, una cifra que ha descendido respecto al año anterior tras la creación del Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con la Institución que hace pública la relación de administraciones y entidades que no colaboran con el Procurador del Común y no remiten la información solicitada para llevar acabo las investigaciones e inspecciones necesarias.

Ampliación de plazos

Según ha explicado Amoedo, el menor grado de respuesta corresponde a las administraciones locales ya que en la mayoría de los casos carecen de medios personales para contestar de modo inmediato, lo que retrasa las resoluciones, si bien el Procurador del Común ha recordado que su institución dilata los plazos "todo lo posible" para dar capacidad de respuesta y atender mejor a los ciudadanos.

Javier Amoedo ha informado asimismo de que en 2010 se pidieron 434 informes y se recibieron 467, como consecuencia de las peticiones no contestadas en 2009, ya ha significado las 1.033 entrevistas presenciales en las que han participado cerca de 1.500 personas.

El Procurador del Común ha aprovechado la ocasión para destacar la "eficacia" de la institución y el "buen cartel" que ha conseguido entre los ciudadanos de Castilla y León, "que tienen mucha confianza en la institución porque sabe que somos totalmente independientes y que tratamos de defender los derechos de los ciudadanos" que, según ha explicado, han llegado a usar las resoluciones dictadas por este organismo estatutario en procesos contenciosos, como sucedió en un caso que concluyó con la anulación de unas oposiciones, según ha relatado.

El informe completo relativo al ejercicio de 2010 está disponible en la página web de esta institución (www.procuradordelcomun.org).