La familia del preso común más antiguo de España, Miguel Montes Neiro, teme por la vida del recluso como consecuencia de los perjuicios de salud que le está causando su huelga de hambre y ha reclamado la intervención del ministro del Interior, el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, para que permita su excarcelación con pulsera telemática de control, como se ha hecho recientemente con al menos ocho etarras.

Montes Neiro, de 61 años de edad, lleva más de 35 años enlazando condenas, ninguna por delitos de sangre, y los tribunales calculan su salida para 2021. Actualmente se halla en la prisión de Granada a la espera de que se resuelva la petición de indulto que está encima de la mesa del Consejo de Ministros.

Su estado de salud es "alarmante"

Félix Angel Martín García, abogado del recluso, ha indicado a Europa Press que su petición para que Montes Neiro pudiera acceder a la libertad vigilada mediante pulsera de control vía telemática sigue sin respuesta, pese al agravamiento del estado de salud del preso, que lleva más de dos meses en huelga de hambre.

Próximo a la deshidratación, Montes Neiro podría verse en peligro si las consecuencias de la huelga de hambre afectan a su hígado, dados sus antecedentes de hepatitis. "Su estado de salud es alarmante y muy preocupante —avisa el abogado—. No está nada bien".

En ese contexto, la familia insiste en la petición para que se permita la excarcelación de Montes Neiro con pulsera telemática, "atendiendo a su precario estado de salud, a las circunstancias del caso y al tiempo transcurrido en prisión". De hecho, apelan al vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, a que agilice el caso, en su condición de ministro del Interior.

El pp pide datos a interior

El recluso, que cuenta con el apoyo de representantes de distintos partidos y del Defensor del Pueblo andaluz, ha recibido este martes la visita del diputado del PP Ignacio Uriarte, quien ha registrado recientemente sendas preguntas en el Congreso pidiendo al Gobierno que especifique cuántas personas tienen liquidaciones de condena que superen los límites legales establecidos en el Código Penal.

Pero, además, el expresidente de Nuevas Generaciones de los 'populares' pretende que el Ejecutivo detalle el nombre, la edad, la condena y el centro penitenciario en el que estos reclusos se encuentran.