El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes que su partido va a pedir que se "investigue y fiscalice" la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de "manera urgente" porque, según entienden los 'populares', "está sirviendo de cauce ilegal" al PSOE-A para crear sus propios puestos de confianza y, al mismo tiempo, está "sustituyendo las competencias" que le corresponden a los funcionarios de la Junta de Andalucía.

Así lo ha expuesto en el transcurso de una rueda de prensa en Sevilla en la que Sanz ha asegurado que la Faffe ha reducido sus funciones a "colocar socialistas al servicio de la Administración" mientras que la Junta de Andalucía "engaña" a los andaluces "escondiendo el verdadero número de cargos de confianza del Gobierno andaluz". Según ha explicado, la Junta utiliza dos "fórmulas" para incrementar el personal de confianza: las asesorías externas y la cesión de empleados.

Gracias a sendos métodos, tal y como ha ejemplificado Sanz, el consejero de Empleo, Manuel Recio, "tiene en su Gabinete a dos externos contratados por la Faffe: uno es el líder de las Juventudes Socialistas, Juan Carlos Ruiz, y otra es una asesora almeriense cuyo contrato con la Faffe es de mayo de 2010, coincidiendo con la llegada al cargo del consejero".

"Pero también hemos visto cómo dos empleados de la Faffe han participado en los ERE fraudulentos y han sido cedidos irregularmente a la Dirección General de Trabajo para tapar las vergüenzas socialistas: uno, el diputado Ramón Díaz, y el otro, el sobrino del exdirector Juan Márquez, miembro también de Juventudes pero, en este caso, en Lucena", ha señalado el secretario general de los 'populares' para aseverar que tanto las asesorías externas como la cesión de empleados son fórmulas empleadas por los socialistas para "incrementar de manera escandalosa el personal de confianza" de los responsables de la Administración autonómica.

"Plantean que siguen políticas de austeridad con el personal a dedo de las Consejerías, pero lo incrementan de forma fraudulenta y con procedimientos que, según entendemos los 'populares', son irregulares", ha criticado Sanz. Por ello, ha pedido al Gobierno andaluz que se deje de "chanchullos" y de utilizar las asesorías externas "como válvulas de escape" para "colocar" a socialistas.

Para Sanz, nos encontramos ante "un monumental escándalo". De ahí, ha dicho, "que a nadie le sorprenda el escándalo que supone también que, entre la Faffe y las Unidades Temporales de Empleo y Desarrollo Local, haya 2.990 empleados", es decir, un 28 por ciento más de trabajadores de los que tiene el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con 1.800 trabajadores. Además, según ha recordado, con el agravante de que estos casi 3.000 trabajadores se convertirán en empleados públicos gracias "al decretazo" que supone la creación de la nueva Agencia Andaluza para el Empleo.

"Todo esto significa que se ha creado una Administración paralela donde todos han entrado a dedo a los servicios de las consejerías", ha reiterado Sanz tras asegurar que estos casos son nuevos ejemplos del "despropósito continuo de la política del PSOE-A en materia de gestión y administración pública".

Casi un centenar de "varapalos judiciales"

De otro lado, Sanz ha recordado que en los últimos cinco años la Junta de Andalucía ha recibido ya casi un centenar de "varapalos judiciales" a propósito de su gestión del sector público empresarial y la Administración pública en general. "Esto demuestra que la Junta actúa de manera permanente fuera de la Ley en este ámbito y que ha creado una administración paralela para saltarse el derecho administrativo y convertir a la función pública en una administración política", ha apostillado.

En su opinión, el "rechazo" de la Justicia al "modus operandi" de la Junta de Andalucía en casi un centenar de casos debería hacer recapacitar a los socialistas y "poner fin a este descontrol". Sin embargo, según ha lamentado Sanz, la Administración autonómica sigue "en estos momentos cometiendo irregularidades y saltándose la Ley" y hasta el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "reconoció en el debate (del Estado de la Autonomía de la Comunidad Andaluza) de manera clara que las denuncias del PP respecto a la posible inconstitucionalidad de los 'decretazos' eran verdad".

"Dijo el señor Griñán: para los puestos que son obligatorios que desempeñen los funcionarios, haremos una norma para que los desempeñen los funcionarios. ¿Esto que significa, que el 'decretazo que hizo permitían que no fueran ellos?", se preguntó Sanz.

Ante ello, el PP-A ha reiterado la "necesidad, para no seguir cometiendo ilegalidades, de derogar el 'decretazo'" ya que no "se puede tener a un Gobierno que está todos los días puesto en cuestión y con sentencias contrarias a sus decisiones en relación a su Administración". Para ello, los 'populares' pedirán "una comparecencia" del Gobierno para exigir "un cambio radical" de la gestión de la Administración pública, "que debe estar en manos de los funcionarios".