Los acusados de participar en el asalto al Rectorado de la Universidad de Sevilla en febrero de 2002, para quienes el fiscal solicita una pena de un año de prisión al considerar que cometieron un delito de desórdenes públicos, han negado este lunes que participaran en la rotura de varias puertas del siglo XVIII y han asegurado que no tenían intención ni de alterar el orden público ni de hacer daño.

El Juzgado de lo Penal número 8 de ha acogido la primera de las seis sesiones del juicio previstas, que se ha celebrado después de que la juez rechazara la suspensión del juicio propuesta por todos los letrados defensores, quienes han alegado la posible prescripción de las actuaciones por el hecho de que desde finales de 2002, cuando ocurrieron los hechos, hasta septiembre de 2006, cuando se notificó el auto de incoación de procedimiento abreviado, no se llevó a cabo ninguna actuación "sustancial".

No obstante, el representante del Ministerio Público, aunque ha reconocido que la instrucción "se demoró muchísimo", ha defendido que la prescripción del delito "no existe", pues en el tiempo referido por los abogados de la defensa se realizaron actos de instrucción "absolutamente necesarios" de cara a intentar localizar a los presuntos autores de los hechos, por lo que se ha opuesto a la petición de suspensión. Tras ello, la juez ha decidido no suspender la vista oral, por lo que la cuestión planteada la resolverá en la sentencia.

El juicio, del que se ausentado uno de los acusados por un defecto en la notificación, según han informado a Europa Press fuentes del caso, ha comenzado con la declaración de Rafael J.H., quien ha reconocido que el día de los hechos participó en una concentración pública en el patio del Rectorado para protestar contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) cuando, en un momento dado, comenzó el "caos" debido a que los vigilantes de seguridad intentaban cerrar las puertas en una actitud "desmesurada", incluso "usando los extintores" contra los estudiantes.

Este imputado ha dicho que no participó en la rotura de las puertas ni tampoco vio a nadie que lo hiciera, y que únicamente, una vez se consumó lo anterior, entró en el despacho del rector para participar en una asamblea en la que estaban presentes profesores, alumnos, medios de comunicación y los propios vigilantes. "No tenía intención de provocar daños en la universidad, y nunca se habló de paralizar la reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad", ha apostillado.

Uno de los acusados estaba haciendo un examen ese día

Otro de los acusados, Alejandro M.M., ha dicho que el día de los hechos se encontraba haciendo un examen de Derecho Administrativo en la Facultad de Relaciones Laborales, por lo que acudió al Rectorado una vez las puertas ya habían sido destrozadas, y únicamente pudo observar "una gran humareda de polvo de los extintores", tras lo cual se dirigió en compañía de unos amigos hacia la Puerta de Jerez, donde fue identificado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

El tercero de los imputados, Francisco Javier G., ha explicado que fue a la concentración del Rectorado en su calidad de responsable de movimientos sociales de IU, y ha dicho que no vio cómo ni quiénes rompieron las puertas, pues entró en el despacho del rector una vez habían ocurrido los hechos para participar en una especie de asamblea en la que "había turnos de palabra entre profesores y alumnos, que hablaban tranquilamente".

Tras él, ha prestado declaración M.J., que ha dicho que, el día de los hechos, estaba participando en la concentración y decidió ir a la cafetería, pero cuando volvió "había un caos increíble y mucho humo", destacando en este punto la "actitud violenta" de los vigilantes de seguridad. "No rompí la puerta", ha querido dejar claro. Otro de los procesados, Juan José G.M., también ha negado su participación en la rotura de las puertas, y ha asegurado que los vigilantes "usaron los extintores contra nosotros".

El rector "se ofreció como interlocutor"

"Aquello era como una bulla de Semana Santa", ha aseverado este procesado, que ha llegado a afirmar que el rector de la Hispalense "se ofreció como interlocutor" para debatir sobre la LOU. En esta línea, una de las acusadas ha subrayado que, a pesar de lo anterior, el rector "se negó" el día de los hechos a que subiera un grupo de estudiantes para debatir en torno a este asunto, y únicamente permitió que subiera una persona. Además, ha dejado claro que los vigilantes "usaron los extintores".

Durante la primera jornada de la vista oral también ha declarado como acusado un letrado, que el día de los hechos fue requerido por el sindicato CGT, para cuya asesoría trabajaba, al objeto de que se presentara en el patio del Rectorado para que mediara, "pues había una asamblea y había tensión". "No tengo explicación para la detención", ha concluido.

La vista oral se prolongará durante dos semanas, pues, además del 4 de julio, hay sesiones previstas para los días 6, 8, 11, 13 y 15 de julio. El fiscal defiende que los hechos sucedieron sobre las 10,00 horas del 8 de febrero de 2002, cuando un grupo de jóvenes entró en el Rectorado de la Hispalense portando "palanquetas y barras de hierro" y "vociferando en actitud amenazante". Una vez allí, "utilizando las palanquetas y barras que portaban forzaron una primera puerta, causándole grandes desperfectos", tras lo que "golpearon indiscriminadamente a los vigilantes jurados de la Universidad".

Los hechos

Para el Ministerio Público, el grupo continuó avanzando y fracturó dos puertas más antes de acceder al despacho del rector, "donde realizaron pintadas en la moqueta y destrozaron el entelado de la pared". Posteriormente, los jóvenes supuestamente se dirigieron hacia la Sala de Juntas, donde estaba reunida la Junta de Gobierno de la Universidad, y "tras golpear y arrollar a los vigilantes jurados, rompieron la puerta de la sala y accedieron al interior", por lo que los miembros de la Junta tuvieron que interrumpir la reunión.

El fiscal prosigue que una vez en las dependencias algunos de los asaltantes leyeron ante la prensa unos comunicados, tras lo que abandonaron las instalaciones sobre las 11,15 horas. Como consecuencia de estos actos los vigilantes sufrieron lesiones cuando trataban de parar el avance del grupo de jóvenes, mientras que las puertas destrozadas sufrieron daños tasados en 34.187 euros y en el resto de instalaciones universitarias los desperfectos se valoraron en 22.830 euros, continúa la acusación.

El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un presunto delito de desórdenes públicos, por el que solicita un año de prisión para cada uno de los participantes, mientras que también los acusa de tres presuntas faltas de lesiones.