La Cámara de Comercio e Industria de Valladolid ha aceptado indemnizar con un total de 112 días por año de servicio trabajado a un trabajador, delegado sindical, que junto a otros siete empleados de la misma fueron despedidos el pasado día 14 de marzo del presente año alegando motivos económicos, a raíz de que el Gobierno central reformara la ley de cámaras y, entre otras medidas, suprimiera la voluntariedad de las cuotas camerales.

Entre los despedidos figuran dos delegados sindicales, ambos independientes, que en su condición de representantes de los trabajadores tenían la potestad de elegir entre la readmisión o la indemnización, de forma que uno de ellos se ha inclinado por la primera de ambas opciones y el segundo por la de su baja en la empresa y por el consiguiente resarcimiento económico.

En este último caso, la Cámara de Comercio de Valladolid ha llegado a un acuerdo con el afectado para que su despido, reconocido como improcedente, sea indemnizado con 112 días de servicio por año trabajado, frente a los 45 días fijados legalmente como tope, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Con respecto a otros cuatro trabajadores despedidos, sus respectivos juicios por las mismas causas quedaron vistos para sentencia este miércoles en el Juzgado de lo Social número 4 de Valladolid. Todos ellos han demandado a la institución por despido improcedente al objeto de que la demandada les readmita en sus antiguos empleos o bien les indemnicen, a razón de 45 días por año trabajado.

A estos se suman otros dos empleados más, entre ellos el antiguo director general de la institución, cuyos juicios están pendientes de celebración.

El despido de todos ellos se enmarca en la política de restricción de gasto puesta en marcha por la Cámara de Comercio e Industria vallisoletana con el fin de anticiparse a los efectos de la reforma de la denominada Ley Omnibus aprobada por el Gobierno central, que, entre otras medidas, ha suprimido la obligatoriedad de las cuotas camerales que hasta la fecha tenían que abonar los socios y que entrará en vigor en 2013, todo ello a pesar que tras los despidos objetivos la institución ha ofertado y convocado públicamente nuevos puestos de trabajo de idéntica categoría a los despedidos.