La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, explica en los hechos probados que J.F.C.G. acudió el 8 de mayo de 2008 acudió al domicilio familiar, donde mantuvo una "acalorada discusión" con que era su esposa, que tuvo que marcharse "en zapatillas de casa" a la calle, donde, además, amagó con lanzarle una maceta. Tras este episodio, un juzgado de Linares le impuso 13 días después la prohibición de acercarse a ella a menos de 100 metros.

Sin embargo, a pesar de conocerlo, el 18 de junio del mismo año acudió al lugar de trabajo de la mujer y en la madrugada del día siguiente rajó las cuatro ruedas del coche de ella, que también denunció que no dejaba de llamarla y de enviarle mensajes telefónicos. Así, apenas un mes más tarde se dictó un nuevo auto que prohibía al acusado entrar en el término municipal de Linares durante la instrucción de la causa.

No obstante, volvió a incumplir la medida "en reiteradas ocasiones" en el mes de agosto, ya que entró en el domicilio familiar y ocasionó destrozos en el mobiliario, además de llevarse varios enseres. Pasado el tiempo, J.F.C.G. no cesaba en sus llamadas y mensajes desde el 15 de noviembre al 8 de diciembre de 2009, en las que incluso llegó a amenazarla de muerte. Igualmente, en varias jornadas de enero de 2010, se acercó a un colegio de la ciudad, donde observó a su expareja aunque sin decirle nada.

Así las cosas, el 7 de mayo de 2010 el juzgado encargado de la instrucción ordenó que se colocara al acusado un dispositivo electrónico como medida de control de la expulsión del término municipal linarense. Le fue puesto a las 10,30 horas del 8 del día siguiente, si bien apenas cinco horas más tarde, a las 14,45 horas, lo inutilizó "destrozándolo".

Por todos estos hechos, el Juzgado de lo Penal número cuatro de Jaén condena a J.F.C.G a algo más de 25 meses de prisión por los delitos de amenazas, quebrantamiento de medida cautelar, allanamiento de morada continuado, amenazas con la agravante de quebrantamiento y daños. Asimismo, la sentencia (que tiene en cuenta la atenuante de drogradicción y es firme por conformidad) le impone el pago de 777,77 euros a su exmujer en concepto de responsabilidad civil. No se incluye en ella, sin embargo, el valor del dispositivo que rompió y que está valorado en 5.000 euros "al no haberse reclamado por Abogacía del Estado".