Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha pedido explicaciones a la Junta de Andalucía sobre los "retrasos", desde el pasado año, en el pago de los anticipos a los centros colaboradores, con categoría de entidades sin ánimo de lucro, que colaboran a través de la Consejería de Empleo en el desarrollo e impartición de cursos incluidos en la Oferta de Formación Profesional para el Empleo (FPE), dirigida primordialmente a la formación de desempleados.

En un comunicado, UPyD insta a la Junta de Andalucía para que informe

"sobre el uso y empleo que a fecha de hoy está dando a los fondos europeos librados para este fin, así como el calendario de pagos previsto en provincias como Sevilla, Cádiz, Málaga, Huelva, Granada y Almería, donde no se ha abonado a ninguna entidad cantidad alguna".

UPyD dice tener conocimiento y reprueba "el uso de posturas de presión" que parece ser ejercen desde distintos Servicios de Formación, como el de la Delegación de Empleo de Cádiz, con el objeto de exigir a los centros colaboradores el cumplimiento de las resoluciones en las que se les reconocen las subvenciones, pese a no haberles adelantado cantidad alguna, como establece la normativa, por los distintos expedientes formativos puestos en marcha". Estas cuestiones están siendo analizadas por los asesores jurídicos de la formación política.

Según UPyD, la normativa establece la obligatoriedad de facilitar a los Centros Colaboradores un adelanto del 75 por ciento de las subvenciones concedidas en las resoluciones otorgadas en materia de Formación Profesional para el Empleo, una vez que los distintos expedientes formativos son puestos en marcha por éstos. Dichas subvenciones tienen la particularidad que se hayan cofinanciadas por el SAE y el Fondo Social Europeo y por tanto son partidas presupuestarias libradas al efecto, según ha apuntando.

Por otro lado, ha señalado que "a fecha de hoy, más del 90 por ciento de las entidades no han recibido ningún anticipo, pese a estar contabilizadas y pendientes de abono por la Tesorería del SAE, lo que pone en grave situación financiera a muchas de ellas, que deben despedir a sus trabajadores y acudir a fuentes de financiación externa so pena de tener que paralizar los cursos ya iniciados y cumplir sus obligaciones contables".

Según UPyD, las exigencias de estas entidades, a día de hoy, no tienen una respuesta clara por parte de la tesorería del SAE ni de los distintos responsables de Formación de las distintas delegaciones. Tal situación, según esta formación, "pone en peligro la continuidad de la formación dirigida a desempleados en Andalucía y en, aún peor situación, a distintas entidades sin ánimo de lucro que apoyan a colectivos sociales desfavorecidos debido a la dificultad que tienen que obtener financiación externa".