La Fiscalía de Sevilla ha defendido que los dos agentes de la Policía Nacional que fueron acusados por un ocupa del Centro Social Ocupado y Autogestionado (CSOA) de torturas físicas y psicológicas durante el desalojo de este espacio no torturaron en ningún momento al imputado, pues "actuaron como debían" y tienen derecho a emplear la fuerza física "mínima" a fin de hacer cumplir sus órdenes, tras lo que ha mantenido su acusación contra el mismo por un presunto delito de calumnias con publicidad.

Durante el juicio celebrado en la mañana de este viernes en el Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, el Ministerio Público ha defendido que el acusado, Agustín G.T, junto a su compañero Iván D.V., se introdujeron en el inmueble sin permiso del propietario e incumplieron, de esta manera, la orden judicial de desalojo dictada por un Juzgado de Primera Instancia sevillano.

Según el relato que hace la Fiscalía en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2007, cuando el procesado, junto a su compañero, fue extraído de un zulo construido bajo tierra en el inmueble conocido como Casas Viejas. Ese día dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía acudieron al lugar y advirtieron al acusado y a su acompañante que debían abandonar el edificio, según instaba la orden judicial.

En un primer momento, los agentes de la Policía ofrecieron la oportunidad a los dos ocupantes del Centro Social Ocupado y Autogestionado (CSOA) de abandonar el inmueble por su propia voluntad. Sin embargo, debido a la negativa de ambos, los agentes recurrieron a la fuerza física.

De esta manera, la Fiscalía ha defendido que no existen los elementos necesarios para poder considerar la existencia de un delito de tortura por parte de los policías. En primer lugar, porque los agentes emplearon la fuerza para que los ocupas se soltasen de las cadenas que les mantenían unidos a un tubo del zulo, y en segundo lugar, porque temieron por la seguridad de los ocupantes debido al mal estado en el que se encontraba el inmueble, según afirmaron los bomberos.

Posteriormente a los hechos, el imputado Agustín G.T. denunció en rueda de prensa ante los medios de comunicación los supuestos malos tratos físicos y psíquicos a los que habían estado sometidos por parte de los agentes de la Policía.

Por ello, la Fiscalía pide que el acusado pague una multa de 6.000 euros y que indemnice con 8.000 euros a cada policía por un delito de calumnias con publicidad. De su lado, la acusación particular ejercida por uno de los agentes pide una multa de 8.640 euros por un delito de calumnias y 5.040 euros por un delito de injurias, así como el pago, en concepto de responsabilidad civil, de 8.000 euros a favor de su cliente.

Por su parte, el acompañante del imputado en el momento de los hechos, Iván D.V., ha ratificado que los agentes le precintaron la mano derecha para provocarle dolor, pues a su juicio "pretendían que salieran del zulo, nos retiraron el agua y la comida, creo que para producir un desgaste en nosotros".

Les retiraron el agua y la comida

Asimismo, en el juicio también ha intervenido M.R., miembro del servicio sanitario, que ha manifestado que cuando llegó al lugar de los hechos su única función fue "asegurarse de que los ocupas se encontraran bien" y que estos le indicaron que "estaban doloridos y que le habían retirado la comida y el agua".

En su informe final, el abogado defensor del ocupa, Luis de los Santos, ha manifestado que "hubo dolor" y que el acusado "jamás ha calificado públicamente como torturador a nadie, únicamente ha hablado de torturas". Además, ha recordado que los daños sufridos por su cliente no sólo han sido físicos sino también psíquicos.

También ha anunciado que el vídeo expuesto en la primera sesión de la vista oral, celebrada el pasado lunes, es una prueba determinante que refleja los insultos y vejaciones a los que estuvieron sometidos tanto el imputado como su acompañante.

Para concluir el juicio oral, el acusado Agustín G.T. ha hecho uso de su derecho a la última palabra y ha puesto de manifiesto que "su única intención ha sido describir unos hechos, no imputar un delito a nadie". Tras ello, el juicio ha quedado visto para sentencia.