Unos 80 inversores particulares tienen previsto presentar esta semana una demanda de responsabilidad civil contra la familia Ruiz-Mateos, en la que solicitan el embargo del patrimonio y los bienes personales de los administradores de las diferentes sociedades de Nueva Rumasa para cubrir las deudas contraídas.

La demanda, que interpondrá en representación de los inversores el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, será tramitada en los juzgados de lo Mercantil de Madrid, informó a Europa Press el director del departamento mercantil del bufete, Enrique San Juan.

Los inversores piden que se declare la responsabilidad solidaria frente a las deudas de las empresas del grupo tanto de los miembros de la familia Ruiz-Mateos como de los miembros de los distintos órganos de administración por su actuación negligente.

En caso de que acaben siendo declarados responsables, deberán pagar a los acreedores con sus patrimonios personales presentes y futuros, tal y como contempla el artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas y Limitadas.

Sin embargo, fuentes jurídicas cercanas al caso explicaron a Europa Press que la mayoría del patrimonio de la familia Ruiz-Mateos no figura registrado a nombre de sus distintos miembros, por lo que el juez deberá determinar los bienes susceptibles de ser embargados. Por el momento, el juzgado donde recaiga la demanda tendrá que admitirla a trámite.

Esta acción judicial se suma a la querella presentada por este despacho de abogados en representación de un grupo de 63 inversores ante la Audiencia Nacional, ya admitida a trámite, contra Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus seis hijos varones, por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible.

En este caso, el juez Pablo Ruz impuso al grupo una fianza de 13 millones de euros y ordenó la entrega de la documentación referente a la decena de sociedades del 'holding' emisoras y avalistas de pagarés.

Igualmente, alrededor de 150 inversores han presentado ante diferentes juzgados del país otras tantas demandas civiles individuales contra sociedades de la familia Ruiz-Mateos por incumplimiento en el pago de los intereses de los pagarés.

Estos particulares, también asesorados por Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, reclaman la resolución de los contratos y la devolución de inversiones que suman entre 10 y 11 millones de euros.