UGT, CC.OO, la Unión de Consumidores y UCCL han votado en contra del capítulo de recomendaciones y han emitido votos particulares

El presidente de Cecale ha acusado a ambos sindicatos de llevar al pleno su "nueva imagen de indignados" al perder la calle

El clima de consenso en el Consejo Económico y Social (CES) que ha venido caracterizando la aprobación anual del Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León ha quedado hoy roto después de que dicho análisis coyuntural, en este caso el correspondiente al ejercicio de 2010, recibiera el visto bueno mayoritario del órgano consultivo pero no así el apartado relativo a las recomendaciones, que ha salido adelante con los votos de Cecale, los expertos de la Junta y Asaja y la postura en contra de UGT, CC.OO, la Unión de Consumidores y la UPA.

El anunciado cisma previsto entre los integrantes del CES ha quedado hoy escenificado durante la sesión plenaria en la que finalmente ha sido aprobado, por unanimidad, el informe económico y social de 2010 en lo relativo a los apartados de diagnóstico y conclusiones. Sin embargo, el capítulo de recomendaciones es donde se ha producido la división, y ello, tal y como han reconocido las distintas partes, pese al intento de acercar posturas realizado hasta el último momento por el presidente, José Luis Díez Hoces.

Y es que los representantes de UGT y de CC.OO, aun cuando han asumido el diagnóstico de la situación económico y sociolaboral y las conclusiones recogidas en el informe, han rechazado finalmente el capítulo de recomendaciones al no poder incorporar una serie de propuestas, algunas por separado y otras conjuntas, relativas al ámbito laboral, fiscal, financiero y sobre servicios públicos.

Pero la sorpresa ha sido aún mayor ya que en el lado de ambos sindicatos se han alineado la Unión de Consumidores y Usuarios y la UPA, que junto con los primeros han emitido en total ocho votos particulares para dejar constancia de su postura discordante, mientras que la Unión de Campesinos (UCCL) y el colectivo de cooperativas han optado por la vía de la abstención.

El desacuerdo existente ha sido sin embargo desdramatizado por parte del máximo responsable en UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha advertido de que lo ocurrido "enriquece al CES", institución que, según ha recordado, "no tiene un carácter monolítico ni tiene por qué estar presidida por un pensamiento único".

Prieto, que no cree que esa ruptura del consenso afecte a las futuras negociaciones que los agentes económicos y sociales, con el arbitrio de la Junta, mantengan en el marco del Diálogo Social, ha justificado la postura de UGT en la necesidad de que el informe rechazado plasmara cuestiones de gran trascendencia para la clase trabajadora y los ciudadanos en general, entre ellas una reforma de la fiscalidad para obtener más recursos e ingresos, algo que pasa por la restitución del Impuesto de Donaciones y el Impuesto de Sucesiones y, sobre todo, por incrementar la presión sobre las rentas más altas.

"Es indecente que se hayan incrementado los beneficios fiscales en un 23 por ciento para las rentas más altas, lo que supone dejar de ingresar 395 millones de euros", ha criticado Prieto, que también propugna suficiencia económica para los servicios públicos con el fin de garantizar la gestión pública de la sanidad, la educación y los servicios sociales y evitar fórmulas de "copago o repago de los mismos"; un control exhaustivo de la Junta sobre las causas de los expedientes de extinción de contratos que están proliferando en la Comunidad; la aprobación de un Plan Plurianual de Inserción y Empleo para toda la legislatura, al objeto de atender a los 75.000 desempleados que no perciben actualmente prestación alguna, y revertir la imposición del Gobierno central sobre negociación colectiva con convenios colectivos reales y actualizados.

Su homólogo en CC.OO, Ángel Hernández, quien entre las propuestas incluye la creación del Instituto de Finanzas de Castilla y León para garantizar financiación al tejido empresarial y para la puesta en marcha de proyectos públicos de interés regional y una Agencia Pública de la Vivienda para la promoción de viviendas de protección oficial, ha mantenido también a lo largo del pleno una encendida defensa sobre la necesidad de garantizar prestaciones, tanto contributivas como asistenciales, destinadas al colectivo de parados que han agotado todo tipo de ayudas.

Fin de la vida de consenso del ces

En este sentido, y tras un cruce de reproches con el secretario general de CECALE, Héctor García Arias, quien ha acusado a UGT y CC.OO de tratar de plantear casi una "pensión pasiva" para el colectivo aludido, el máximo responsable de CC.OO. ha calificado de "kafkiano" que algunos agentes representados en el CES rechacen este tipo de iniciativas que han obtenido el visto bueno en otros foros, en alusión al I.A.E. o el P.I.E.

"Por lealtad, lo que se firma en otros ámbitos no se debe cuestionar en otros", ha incidido Hernández, quien por ello ha lanzado una serie amenaza sobre el futuro funcionamiento del CES: "Si vamos a jugar con este tipo de cosas, anticipo que la vida de consenso en el CES se ha acabado".

Por su parte, el presidente de CECALE, Jesús Terciado, se ha mostrado muy crítico con la postura de ambos sindicatos, de los que ha asegurado que "tras perder la calle han traído al pleno su nueva imagen de indignados" con el propósito de mostrar su desacuerdo con los empresarios y los gobiernos central y regional.

En su opinión, la reacción sindical atenta contra el prestigio del CES y el de las organizaciones que forman parte de él y "rompe el tradicional espíritu de consenso", circunstancia de la que ha exonerado por completo al colectivo empresarial, "al que de forma malintencionada acusan de dureza e inmovilismo pero que no ha introducido propuesta alguna para el desacuerdo".

Terciado ha insistido también en que hasta el último minuto su organización ha tratado de alcanzar un acuerdo y ha achacado el nulo éxito al carácter extemporáneo de las propias recomendaciones planteadas por UGT y CC.OO. "Estamos hablando de un informe sobre la coyuntura económica y social de Castilla y León en 2010, mientras que las propuestas formuladas son de 2011 o incluso temas que ni siquiera están sobre la mesa todavía", ha sentenciado.