El alcalde de Luena, el regionalista José Ángel Ruiz, ha asegurado este martes, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial por agredir y amenazar al concejal del PP José Antonio González, que "nada más" dio a éste un "agarrón" y un "empujón" por un "calentón".

Y es que, según ha explicado ante el tribunal, estaba "enfadado" porque la Junta Vecinal de San Miguel de Luena, que presidía el PP, había enviado a los vecinos una invitación para una fiesta cuando, a su juicio, era algo que le correspondía al Ayuntamiento.

Por su parte, el concejal supuestamente agredido ha rechazado que este fuera el motivo del enfrentamiento y ha mantenido que el imputado se puso como un "energúmeno", le "agarró del cuello" y le "golpeó la cabeza contra la pared" del despacho donde se encontraban.

Según el demandante, la agresión se produjo por haber registrado en la Secretaría municipal una solicitud reclamando al alcalde el proyecto de saneamiento de la localidad de Bustasur, un asunto que, según ha dicho, "parecía" que le ponía "un poco nervioso" a áquel.

"El enfado es por lo de la fiesta", ha mantenido el imputado, quien ha asegurado que ni siquiera llegó a ver ni cogió el escrito que presentó el edil porque él estaba hablando en la misma sala con el entonces presidente de la Junta Vecinal de San Miguel de Luena, Frutos Miguel González (PP), sobre la invitación a la fiesta.

Según ha explicado, cuando estaba ya hablando con el pedáneo vio entrar al edil "sin llamar" a la puerta del despacho con un papel en la mano que entregó al funcionario.

El regidor ha explicado que en la conversación con el presidente de la Junta Vecinal se enteró de que el "culpable" de la invitación había sido el concejal del PP que se encontraba en la sala registrando el escrito, por lo que se dirigió a él, le agarró y le dio un "empujón". "Es un agarrón y nada más", ha dicho el regidor, quien ha negado que le golpeara en la cabeza.

Sin coincidencia en las versiones

Como testigos de los hechos, ocurridos el 28 de noviembre de 2007 en el propio Ayuntamiento, han declarado en el juicio el secretario municipal, Manuel Díaz, y el pedáneo de San Miguel de Luena.

El funcionario ha asegurado que "no recuerda" el contenido del documento que le entregó el demandante, si bien "cree" que el alcalde no vio el contenido del mismo antes del "incidente".

Además, ha ratificado la versión del imputado en lo que se refiere a la conversación que el alcalde estaba manteniendo con el pedáneo de San Miguel de Luena sobre la fiesta hasta que llegó el edil del PP. Según ha señalado, después de eso el entonces alcalde "se acercó a él, le levantó la voz, le agarró de una camiseta y le zarandeó".

Sin embargo el pedáneo ha asegurado que llegó a la Secretaría junto con el concejal del PP porque habían quedado en ir juntos: uno —él pedáneo— porque había quedado con el alcalde para tratar un asunto, y el edil porque tenía que registrar los documentos de Bustasur.

Ha señalado que, cuando se dirigió al regidor, éste le pidió explicaciones por la invitación a la fiesta y le interpeló su autoría. El alcalde le dijo entonces "¿Qué pensáis, que eso lo vais a hacer vosotros? Eso lo va a hacer el Ayuntamiento".

En ese momento, según su versión, el alcalde pidió al secretario que le entregara la solicitud del concejal, lo que el funcionario hizo, y se dirigió al edil de PP y le dijo: "¿A qué vienes?", "¿Tú quieres saber realmente esto?", "Estáis con papeles todo el día" y le empezó "a dar voces" y a decir "palabras subidas de tono". Después, le "cogió del cuello" y le dirigió hacia la pared de una esquina del despacho donde se encontraban "llevándose mobiliario por delante".

Según ha señalado, el alcalde tenía al edil contra la pared, agarrándole del cuello, intentándole "asfixiar", mientras que el concejal estaba "medio morado" y "caído contra el suelo" sin oponer resistencia y sin "poderse incorporar". El secretario y él mismo intervinieron para "apaciguar" al alcalde, primero con palabras, y luego "intentándole separar".

Ha explicado que los que estaban en el despacho oyeron la puerta del Ayuntamiento abrirse, lo que hizo que el alcalde "aflojara" su mano del cuello, si bien siguió "voceando".

Según su versión, el alcalde le preguntó al edil si todavía quería el proyecto, a lo que éste le contestó que no. "Ya no quiero más, no quiero nada", le dijo, según la versión del pedáneo, que abandonó el Ayuntamiento junto al concejal.

La grabadora

Esta versión coincide con la aportada por el edil supuestamente agredido, quien ha presentado como prueba el sonido y la transcripción de la conversación que mantuvo con el alcalde puesto que, según ha reconocido, cuando fue a registrar la documentación sobre el saneamiento llevaba encendida una grabadora.

El tribunal se ha ausentado de la sala para oír la reproducción, sin que, finalmente, lo hayan podido hacer, si bien se ha quedado con la transcripción de la conversación. La defensa ha reclamado que no se tome en cuenta la grabación ya que no hay certeza de quién la ha realizado o si ha habido "algún tipo de manipulación".

En su declaración, el demandante ha dicho que llevaba una grabadora para justificar, en caso de que ocurriera, que el alcalde no le permitiera registrar la documentación para pedir el proyecto.

Según su versión, antes de ser agredido, el alcalde cogió la copia de los papeles que había registrado, los miró y le dijo: "Ah ¿que quiere usted el proyecto? Te voy a dar ahora el proyecto".

Y le agarró del cuello y le golpeó contra la esquina del cuarto durante "bastante más de cuatro minutos", si bien "perdió la noción del tiempo" hasta que el secretario y el pedáneo le ayudaron.

"Yo estaba malherido", ha añadido el denunciante, quien ese mismo día fue a un centro de salud para que le examinaran tras la agresión.

El abogado defensor recordó que el parte de lesiones observó sólo un "rasguño" en la barbilla y no apreció lesiones en la cabeza a pesar de que supuestamente había sido golpeado contra la pared.

El delito de atentado

El Ministerio Fiscal califica los hechos de faltas de amenazas y lesiones por las que pide 900 euros, una indemnización al concejal de 210 euros y el pago de 78 euros al Servicio Cántabro de Salud (SCS), cantidad que también reclama el Gobierno regional.

Sin embargo, no cree que, como solicita la acusación particular, que los hechos constituyan un delito de atentado, por lo que ha pedido su sobreseimiento.

La acusación popular mantiene su reclamación de una condena de cuatro años de cárcel y 15 de inhabilitación por un delito de atentado, así como multas por importe de 1.600 euros por faltas.

La defensa considera que no existe delito de atentado y reclama su absolución por faltas por lesiones y amenazas. A su juicio, en la petición de condenas hay una "absoluta desproporción" y ha atribuido la acusación a un intento de "conseguir en los juzgados lo que no consiguieron en las urnas" y buscar su inhabilitación.

"Yo a esta persona me la cargo sea como sea", ha dicho el abogado defensor, quien ha lamentado la "judicialización" cada vez más de la vida política.

Ha asegurado que fue un "incidente liviano", "rápido" y "puntual" en el que el regidor le dijo "una serie de frases y nada más" ya que, a su juicio, "no se entendería" que los dos testigos vieran la agresión "sin intervenir".

En cuanto a las amenazas, ha señalado que en las declaraciones ante el tribunal no ha oído "ni un solo insulto" ni "amenazas" en el que se "menoscabe" la función pública del concejal.

El juicio, que ha quedado visto para sentencia, ha concluido con las palabras del acusado, quien ha resumido que "todo fue por cosa del calentón del saludo y no pasó nada más".