Rogamos sustituyan la información anterior con el mismo título por la siguiente por un error en el segundo párrafo. Sevilla.- Tribunales.- Condenan a Justo Padilla a 18 meses de prisión por dejar que un alguacil hiciera de policía local

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un año y seis meses de prisión al exalcalde de la localidad sevillana de Guillena Justo Padilla (PSOE) por permitir que un auxiliar administrativo adjunto a la Policía Local ejerciera temporalmente de policía local, hechos por los que, igualmente, han sido condenados tanto éste último como dos responsables del Cuerpo policial del municipio.

En este sentido, la abogada que defiende a tres de los acusados —a todos menos a Justo Padilla—, Carmen Domínguez Hernández, ha informado en declaraciones a Europa Press de que, una vez analice detenidamente el fallo, decidirá si recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) esta sentencia, en la que la Sección Primera de la Audiencia Provincial condena al exprimer edil a un año y medio de cárcel por un delito de usurpación de funciones.

De igual modo, la Audiencia Provincial condena al exprimer edil de Guillena a 18 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público alguno. Hay que recordar que, durante la vista oral celebrada durante el presente mes de junio, el Ministerio Público solicitó hasta dos años de cárcel para Justo Padilla, petición que finalmente ha sido rebajada a año y medio.

Otras condenas anteriores

Esta condena se suma a la dictada el pasado mes de junio por el Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla, que condenó al exalcalde al pago de una multa de 3.000 euros y a nueve años y seis meses de inhabilitación especial para ejercer como alcalde, concejal o cargo público relacionado con la concesión de licencias, a cuenta del delito de prevaricación que ha reconocido por la concesión de una licencia de obra para construir naves en un entorno reservado para zona verde.

De otro lado, el propio Justo Padilla ya recordó a Europa Press que el 18 de enero de 2010 acordó con la Fiscalía la aceptación de siete años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación por omisión, al no haber actuado contra edificaciones en suelos no urbanizables de los Lagos del Serrano, un acuerdo que evitó la celebración al día siguiente de una vista oral fijada por el juzgado de lo Penal número 12 en cuanto a este caso.