El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta (PP) ha aprobado un paquete de 17 medidas para "seguir avanzando en la línea de austeridad y contención del gasto corriente no imprescindible que se inició la pasada legislatura" tras reducir de 28 a 21 el número de sus altos cargos, lo que ha permitido recortar a su vez un 28,5 por ciento el coste de la estructura del Ejecutivo en comparación con el que terminó la legislatura pasada.

En declaraciones a los medios el portavoz del Gobierno ceutí, Guillermo Martínez, ha explicado que aunque aún no se puede cuantificar el ahorro previsto por la aplicación de estas medidas, añadiendo que al menos dos sí tendrán una repercusión "millonaria" sobre las arcas municipales. Se trata del recorte que sufrirá la Asociación Deportiva Ceuta, el primer equipo de fútbol de la ciudad, que milita en Segunda División B, en las aportaciones municipales que recibe anualmente: si este año el club ingresará un total de 1,4 millones de las arcas públicas, en 2012 dicha cantidad se quedará en 700.000 y en 2013 no pasará de 200.000.

Además, el Ejecutivo local prevé "renegociar" su contrato con la empresa adjudicataria de la planta desaladora que proporciona la mayor parte del agua que se suministra a los ceutíes, a la que se espera pagar "1,5 millones de euros menos al año".

Asimismo, el Gobierno ceutí también realizará "el máximo esfuerzo" para limitar los desplazamientos de altos cargos y demás representantes de la Administración ceutí. "Sólo se harán los estrictamente necesarios y con el personal estrictamente necesario", ha asegurado Martínez, quien ha explicado que el número de móviles a disposición de los miembros del Gobierno y demás personal municipal se recortará un 25 por ciento.

El consumo máximo de los teléfonos que seguirán operativos se recortará, a su vez, un 30 por ciento. Las sociedades municipales y organismos autónomos de la Administración deberán podar sus desembolsos en Publicidad y Comunicación.

Por otro lado, la Administración autonómica en su conjunto se propone aminorar "al menos un 20 por ciento" el consumo eléctrico que realiza y la adquisición de material fungible para la Ciudad Autónoma se "centralizará" por Consejerías creando una especie de "economato". Además, se exigirá el uso compartido de impresoras y se buscará una "mejor organización" del funcionariado para poder eliminar un 25 por ciento de los pagos que se realizan en concepto de horas extraordinarias "sin que ello afecte a la calidad de los servicios que se prestan".

Reorganización del entramado empresarial público

Del mismo modo, el Gobierno local y los sindicatos han acordado "omitir" la realización de cursos y programas de formación del funcionariado en la Península, así como encargar un estudio para ver de qué manera se puede propiciar un "ahorro energético y de combustible" en la dependencias deportivas de la Ciudad para servicios como calentar el agua.

El portavoz del Ejecutivo ha señalado que se intentará "recortar al máximo el gasto en alquileres de inmuebles poniendo en valor las dependencias municipales" y limitar el arrendamiento de maquinaría "sacándole el mayor rendimiento posible al Parque Móvil de la Ciudad, que está bastante bien dotado".

Por otro lado, la próxima semana el Gobierno que preside Juan Vivas (PP) dará cuenta de cómo dejará el entramado de las cerca de 20 empresas municipales, entidades públicas y organismos autónomos que sostiene para mejorar su "eficiencia" sin que ello repercuta "ni en la calidad de los servicios que prestan ni en los empleos que mantienen".