La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha formulado una querella contra el matadero gestionado por la sociedad mercantil 'Gerunda Agrícola', radicada en El Viso del Alcor, por supuestos delitos contra el medio ambiente y de daños a consecuencia de una serie de vertidos de sangre y "despojos" de cuerpos de animales detectados en el arroyo La Muela, afluente del Salado, que a su vez desemboca en el río Guadaíra.

En concreto, y según un escrito oficial sellado por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico el pasado 8 de mayo y recogido por Europa Press, la querella se dirige contra F.E.T y J.F.C.F. como administrador único y gerente, respectivamente, del matadero explotado por 'Gerunda Agrícola'.

El Ministerio Público, en ese sentido, advierte de que desde mediados de 2009, esta empresa radicada en El Viso del Alcor "ha venido realizando un vertido directo de sangre y despojo animal al arroyo La Muela". "El vertido se habría venido realizando cada semana desde el domingo hasta el jueves, días en los que se llevan a cabo las matanzas". A tal efecto, detalla esta querella elevada a los Juzgados de Carmona que un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en marzo de 2011 detectaba una "emanación" de "30 litros por minuto", en alusión al supuesto vertido.

El Instituto Nacional de Toxicología, de su lado, habría analizado una serie de muestras del agua del arroyo concluyendo que "el vertido directo provoca la disminución de la calidad del agua, favoreciendo los procesos de eutrofización y la posibilidad de que sea afectada la vida de los organismos presentes en el arroyo, así como el uso que pueda darse al agua". "La empresa carece de autorización de vertido y de licencia de utilización de actividad por parte del Ayuntamiento", señala igualmente la querella de la Fiscalía.

Dado el caso, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico advierte de posibles delitos contra el medio ambiente y de daños, reclamando la "declaración judicial" de F.E.T y J.F.C.F., así como otras diligencias y, sobre todo, la paralización del vertido como medida cautelar.