La Fiscalía Superior de Andalucía alerta en su Memoria Anual correspondiente al año 2010 de la "casi nula" colaboración ciudadana para denunciar la realización de grafittis en el patrimonio histórico de las provincias andaluzas, una delincuencia que considera "agresiones sistemáticas y absurdas" que sólo consisten en "actos de exhibicionismo gráfico".

De hecho, incide que las pintadas en los monumentos o Bienes de Interés Cultural (BIC) pueden tener un "equivocado signo reivindicativo" que no ampararía la libertad de expresión y que "carecen de cualquier sentido estético relevante".

"Cuando esta agresión se produce sobre bienes culturales que ya tienen suficientes dificultades, en muchas ocasiones, para permanecer y mantenerse en pie, su existencia sólo desautoriza al grupo que las rubrica que empobrece su mensaje atacando intereses colectivos de signo marcadamente social que deben ser perseguidos de forma proporcionada por el derecho pena", señala el Ministerio Público en su memoria, consultada por Europa Press.

En el apartado dedicado al Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, la memoria recoge en el capítulo dedicado a los grafitos, un informe realizado por la Unidad Adscrita de Policía Judicial a la Fiscalía Superior, con la colaboración de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local de Granada y la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.

En el documento, que en próximos ejercicios se hará extensivo a otras ciudades históricas de Andalucía, se recoge la situación en la que se encuentran los 74 BIC con los que cuenta la capital granadina. Según el estudio realizado, el 64,86 por ciento de los BIC granadinos sufren graffitis, un porcentaje que sube hasta el 75 por ciento si sólo se tienen en cuenta los monumentos que son susceptibles de ser pintados.

Del total de los 74 BIC de Granada, 48 presentaban pintadas en 2010, 18 de ellos ya desde el año anterior, y 30 no sólo no fueron reparados en su totalidad sino que aumentó el número de graffitis en sus muros. Además 24, que ya fueron reparados, han vuelto a ser pintados, si bien solamente se han producido tres denuncias.

Por ello, la Unidad Adscrita concluye que se siguen sin denunciar numerosas agresiones a los BIC, por parte de sus titulares, por los responsables de su gestión o por otros organismos o instituciones "que nada comunican a las autoridades policiales". Esta situación hace que no exista una estadística criminal que sea una imagen fiel de las agresiones con relevancia penal sufridas por el Patrimonio Histórico.

Además, los daños que causan los grafitos siguen siendo de una cuantía muy elevada, sumando a ello los "irreparables daños patrimoniales en su vertiente cultural". De hecho, existe un porcentaje "escandaloso" de los BIC afectados por grafitos y un porcentaje "preocupante" de BIC que han sido nuevamente grafiteados.

Pese a todo, "no se planifican actuaciones conjuntas de las diversas administraciones para prevenir este tipo de delincuencia", aunque si el BIC está protegido con medios personales o materiales, desciende notablemente la agresión.

Por ello, la Policía Judicial realiza una serie de propuestas de actuación que son plenamente compartidas por el fiscal superior de Andalucía, consistentes en: La elaboración de un protocolo de actuación siguiendo las directrices marcadas por la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma en su Memoria del año 2009, con el objetivo de unificar y esclarecer determinados puntos en las actuaciones de los cuerpos de seguridad competentes; y el seguimiento por parte de esta Unidad Adscrita actuando de coordinadores entre los diferentes cuerpos policiales para una mayor efectividad en la prevención y persecución de esto delitos, así como el seguimiento de los hechos denunciados.

Además, propone intensificar la coordinación entre las Instituciones y Cuerpos policiales; citar a los propietarios de los BIC, para informarles de las irregularidades localizadas, con el objetivo de que las mismas sean subsanadas en tiempo razonable; que por los Órganos competentes se inste a las diferentes administraciones públicas al control en el desarrollo de actividades que puedan resultar perjudiciales para la conservación de los BIC, tales como la concesión de licencias de restauración en espacios protegidos o entornos de BIC; establecer con ocasión de concentraciones multitudinarias dispositivos policiales en las zonas por donde transiten tales concentraciones y puedan verse afectados Bienes de Interés Cultural; o dotar a los BIC de medidas de seguridad estática.