El IV Comité Provincial de UGT en Huelva ha decidido instar a la Federación Onubense de Empresarios (FOE) a que "garantice el derecho a la negociación colectiva".

Según ha informado el sindicato en una nota, UGT Huelva celebra su IV comité provincial donde se analizará la situación sociolaboral de la provincia, "la cual ofrece las mayores dificultades para poder trabajar de toda Andalucía; donde los salarios son "más bajos" que en el resto de la comunidad autónoma; donde hay "mayor precariedad en salud laboral", y donde prácticamente es "inexistente" la compatibilidad de la vida laboral con la familiar y donde existe un desequilibrio salarial entre hombres y mujeres del 32,9 por ciento siendo "el más alto de Andalucía".

Además, han destacado que en Huelva los continuos expedientes de regulación de empleo "han causado un daño irreversible en el empleo y en la economía onubense".

Así lo ha explicado su secretario general, Jorge Puente, que ha recordado que en Huelva hay más de 40.000 ciudadanos y ciudadanas viviendo bajo el umbral de la pobreza y unas 3.000 familias que le han expropiado su vivienda. El comité se afronta "desde una perspectiva socioeconómica negativa" debido también a las iniciativas gubernamentales de recortes sociales.

Con respecto a la última reforma de la negociación colectiva, consideran que ésta supone "el hurto más trascendente para las relaciones laborales para Huelva", ya que "supondrá una pérdida de derechos importantes y la capacidad de representación de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales".

Esta reforma es "una apuesta decidida "por individualizar y privatizar las relaciones laborales". Este modelo de relaciones laborales tendrá para Huelva unas consecuencias "nefastas", ya que el tejido empresarial de la provincia los forma el 98,5 por ciento de las pequeñas y medias empresas y el 60 por ciento no tienen representación sindical".

En este sentido, el comité instará a la FOE a que "garantice la universalización al derecho de la negociación colectiva y el derecho de los trabajadores de tener representación sindical".

Puente ha señalado a los responsables de esta situación a la cultura del tejido empresarial onubense, "que son quienes tienen capacidad de crear empleo y de contratar con carácter fijo o indefinidos a los trabajadores, o de establecer condiciones de dignidad o indignidad en el mercado de trabajo o apostar por el empleo sumergido".

Cambio en la ley hipotecaria

El comité también analizará las consecuencias que ocasiona a los trabajadores la pérdida de su patrimonio y planteará un cambio de la Ley hipotecaria de España. Así, también hará un llamamiento a la patronal para que "haga un gesto de responsabilidad y compromiso con el desarrollo del territorio".

UGT rechazará los intentos de "despidos masivos" que se plantean desde algunos ayuntamientos de la provincia y ha criticado la actitud del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bollullos del Condado. En este aspecto, Puente ha anunciado que UGT iniciará junto con CCOO reuniones con los partidos políticos con representación con los ayuntamientos para que se comprometan a mantener el empleo público.

El secretario provincial ha considerado "imprescindible" una alianza público privada para "sacar adelante los proyectos e infraestructuras acordadas para la provincia y que no se han desarrollado a causa de la crispación política".

Para dignificar la vida política, el comité planteará que "la voz de los trabajadores formen parte de la acción política". Por ello es necesario "que los trabajadores, afiliados y militancia de UGT también formen parte de la política, de la vida social y económica", ya que "no es razonable que la política sea la segunda preocupación de los ciudadanos detrás del paro".

En este sentido, también pedirá a los partidos políticos que realicen "gestos" dirigidos a dignificar la política y que "se excluyan de sus organizaciones a quienes estén implicados con la corrupción, estén imputados o no, sea por acción o por omisión". "No puede ser un representante del pueblo alguien de quien se tiene dudas".

Por último, el Comité analizará la posibilidad de realizar un estudio para la modificación de la Ley Electoral para que ésta sea más justa y acorde con la voluntad popular.