La Audiencia Provincial de Cantabria ha acordado suspender indefinidamente el juicio del caso Trapur de Castro Urdiales, por distintas cuestiones de procedimiento, como la falta de pago de fianza por parte de la acusación popular —única parte que imputa al ex alcalde Fernando Muguruza—, o el hecho de que no se notificara documentación a otra procesada, la ex concejala de Sanidad y Servicios Sociales Elisa Dopico.

De esta forma, la Sección Primera de la Audiencia estima en parte las peticiones planteadas por las defensas de los acusados en las cuestiones previas formuladas el lunes ante la Sala, en las que pidieron la nulidad de las actuaciones y la expulsión de la acusación popular del proceso.

En la vista se iba a juzgar al ex alcalde castreño Fernando Muguruza, al ex concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez López 'KyK', a la ex responsable de Servicios Sociales Elisa Dopico, al empresario Pedro Llamas y a la funcionaria Iciar Muruaga, por delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, en la adjudicación del contrato de limpieza y desratización a la empresa Trapur.

Pero en la primera jornada las defensas reclamaron la nulidad de las actuaciones por distintos defectos de forma y cuestionaron la instrucción realizada por el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Castro Urdiales, cuyo titular es el magistrado Luis Acayro Sánchez.

Esto motivó la suspensión del juicio hasta este martes para que la Audiencia decidiera y, finalmente, la Sección Primera Provincial ha decidido estimar parte de las peticiones y suspender el juicio, de forma que la causa se retrotrae hasta una de las fases anteriores, la del fin de la investigación.

En el caso de Fernando Muguruza, lo que sucede es que no hay quien le acuse. El Ministerio Fiscal no ha presentado acusación, y la acusación popular, que iba a ejercer el ex interventor municipal Fernando Urruticochea, no se ha podido llevar a cabo porque éste no presentó la fianza necesaria para poder personarse como parte.

Y en el caso de Elisa Dopico, responsable de las áreas de Sanidad y Servicios Sociales en el momento de los hechos, la Audiencia admite que ha tenido que adoptar la "penosa" decisión de suspender todo lo relacionado con su papel en la causa, porque durante el procedimiento no se le facilitó la documentación necesaria para su defensa, y eso incumple la Ley de Enjuciamiento Criminal y vulnera sus garantías de defensa.

((Seguirá ampliación))