Forcades defiende la legalidad de los contratos que percibió del Ibatur ya que "obedecían a trabajos distintos"

Alejandro Forcades, quien fuera conseller de Economía con Gabriel Cañellas (PP) como presidente del Govern, ha defendido en calidad de imputado ante el juez instructor del caso Ibatur la legalidad de los contratos menores que su empresa de nuevas tecnologías SM2 percibió del Instituto Balear de Turismo, al aclarar que obedecían a trabajos distintos. De este modo, ha negado que resultase favorecido con contratos mayores 'a dedo' fraccionados en partidas inferiores a 12.000 euros, cantidad máxima que la Ley permite abonar a un proveedor sin necesidad de convocar un concurso público.
Forcades, Con Su Abogado Gabriel Garcías
Forcades, Con Su Abogado Gabriel Garcías
EUROPA PRESS
Forcades, Con Su Abogado Gabriel Garcías

Alejandro Forcades, quien fuera conseller de Economía con Gabriel Cañellas (PP) como presidente del Govern, ha defendido en calidad de imputado ante el juez instructor del caso Ibatur la legalidad de los contratos menores que su empresa de nuevas tecnologías SM2 percibió del Instituto Balear de Turismo, al aclarar que obedecían a trabajos distintos. De este modo, ha negado que resultase favorecido con contratos mayores 'a dedo' fraccionados en partidas inferiores a 12.000 euros, cantidad máxima que la Ley permite abonar a un proveedor sin necesidad de convocar un concurso público.

Así lo ha puesto de manifiesto ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, durante una comparecencia en la que ha precisado que había un fraccionamiento de contratos pese a que cada uno de ellos "tenía su unidad operativa y no dependía de otro".

Su comparecencia se ha sumado a la de otros empresarios a los que el magistrado ha tomado declaración por haber sido beneficiados por el Ibatur de forma presuntamente irregular, y a quienes acordó citarles junto a otros imputados después de que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional remitiese al caso un informe en el que atribuye a estos y otros proveedores haberse concertado con los responsables del Ibatur a fin de resultar beneficiados de contratos fraccionados, una práctica fraudulenta que se habría producido al margen de los procedimientos de contratación.

Tal y como reflejan diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa, el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.

Las investigaciones revelan que era "práctica habitual" de la empresa pública fraccionar contratos y hacerlo de dos formas diferenciadas, es decir, por un lado una sola mercantil facturaba varios contratos menores por un único evento diversificando los conceptos, mientras que por otro se aprecian supuestos de fraccionamiento de contratos cuyo origen es sustancialmente idéntico. (

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