Un total de 356 entidades de toda España, algunas de ellas andaluzas, y cerca de 3.000 personas se han unido ya a la Campaña 'Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE' con la intención de reclamar la participación de la sociedad civil, con una interlocución oficial, en la elaboración del reglamento que regulará los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Para las entidades firmantes, este reglamento es una herramienta para el respeto de los derechos humanos, y por tanto, que la sociedad civil forme parte de su elaboración "garantizaría la transparencia y que no se vulneren estos derechos".

Para ello, y según se indica en un comunicado, las entidades Algeciras Acoge, Apdha en Algeciras y Córdoba, Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, Andalucía Acoge en Almería, Motril Acoge, Asociación ACIA en Almería y APIC-Andalucía Acoge en Córdoba han desarrollado actos de protesta en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de todas las capitales andaluzas y en Melilla y han reclamado los derechos de las personas internadas en estas instalaciones a las puertas del CIE de Málaga y Algeciras y en el puerto de Motril y Almería.

Según la memoria de 2010 de la Fiscalía General del Estado, durante el 2009, un total de 16.590 personas se encontraban detenidas en los nueve CIE oficiales existentes en España. Los CIE retienen a personas tan sólo por una infracción administrativa, como es no contar con la documentación necesaria para residir en España, una infracción equiparable a una multa de tráfico.

De este modo, y con la mirada puesta en el cierre definitivo de estas instalaciones, las entidades sociales critican el "oscurantismo" con el que el Gobierno español está elaborando el nuevo reglamento, que según las organizaciones, "sólo puede presagiar la imposición de una norma restrictiva y limitadora de derechos".

Sin embargo, y dado que las miles de personas que permanecen detenidas en los CIE tienen solo restringido el derecho a la libertad ambulatoria, "el reglamento ha de garantizar el cumplimiento de todos los demás derechos: a la integridad física y psicológica, a la salud, a la asistencia jurídica y social, a la comunicación sin trabas y el derecho a la intimidad, al conocimiento y ejercicio de sus derechos, y a unas instalaciones en condiciones".

Asimismo, las entidades y personas firmantes exigen la entrada de las entidades sociales a los CIE como medida de fiscalización, ante la vulneración de derechos demostrada en otras ocasiones. Además, piden el acceso a la información pública y estadísticas "precisas" sobre las personas que pasan por los CIE, su situación jurídica, la duración del encierro y la resolución final del mismo, su expulsión o puesta en libertad.

Por último, la campaña reclama el pronunciamiento de las entidades sociales, entre ellas de las que se enmarcan en el ámbito jurídico, el mundo universitario y el campo de la salud pública y de la enseñanza, entre otros, así como de la sociedad en general para favorecer que el Ministerio del Interior apruebe un reglamento que garantice y desarrolle los derechos básicos de las personas encerradas en los CIE.