Los regantes andaluces han pedido una "rápida" actuaciones de las administraciones para acatar la sentencia del Guadalquivir y señalan que el fallo del Supremo "vacía de contenido" la figura jurídica de la encomienda de gestión de las aguas del Guadalquivir.

En una nota, la presidenta de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), Margarita Bustamante, ha indicado que va a dirigirse a los representantes de la administración hidráulica andaluza y española para que se "pongan las pilas" para cumplir las sentencias del Constitucional y del Supremo, y en consecuencia para adaptarse a un ordenamiento jurídico que "ahora mismo no se está cumpliendo", merced a una encomienda de gestión, en teoría por seis meses, que "ha dejado las cosas prácticamente tal y como estaban antes de ser declarada nula la transferencia del Guadalquivir a la Junta de Andalucía".

La presidenta de Feragua ha denunciado además que esa encomienda de gestión, firmada en convenio el pasado 7 de abril, "no se ha publicado ni en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ni en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), tal y como exige la Ley", lo que confiere "aún de mayor oscuridad y duda a las actuaciones que están desarrollando en este momento la Junta de Andalucía y el Gobierno central, que no parecen asumir que la única opción posible es la devolución de las competencias al Estado".

Además, ha señalado que los regantes no han tenido noticias de que, desde los dos meses y medio que hace que se firmó la encomienda de gestión, se haya reunido la Comisión Bilateral Junta de Andalucía - Administración General del Estado, que presuntamente tendría que buscar las fórmulas para encajar definitivamente la gestión de la Cuenca del Guadalquivir en el ordenamiento jurídico vigente.

Todo ello hace "sospechar" a Feragua que la intención de las administraciones "dista mucho" de devolver las competencias del Guadalquivir al Estado y pasa por mantener el 'status quo' actual, como "si ambas administraciones no se sintieran afectadas por el pronunciamiento de la Justicia".

Por ello, acaban de enviar una carta a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y al ministro de Administraciones Públicas, Manuel Chaves, a los que les solicitan que sean "consecuentes" con sus actuales responsabilidades políticas en la administración del Estado, y les instan a que "no consientan otra solución que no sea la devolución de las competencias del Guadalquivir a la administración central", porque lo contrario sería "un fraude de ley", y una muestra de "desprecio absoluta al Estado de Derecho y a los ciudadanos".

Los regantes anuncian actuaciones y movimientos con otros colectivos de ámbito regional y nacional para exigir el cumplimiento de las sentencias del Constitucional y del Supremo, así como para reivindicar un modelo de gestión de las políticas hidráulicas para toda España basado en el principio de unidad de cuenca.

Por su parte, la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda) advierte de que la sentencia del Tribunal Supremo exige una "rápida" actuación de las administraciones, ya que los regantes andaluces se están viendo inmersos en una "inseguridad jurídica" sin precedentes. Además, Areda considera que el fallo del Supremo vacía de contenido la figura jurídica de la encomienda de gestión.

El secretario general de Areda, Fernando Márquez, ha considerado que "la mejor vía para gestionar eficazmente el Guadalquivir es la creación de una Agencia Estatal Intercomunitaria", aunque reconoce que la actuación de las administraciones debe ser "rápida" en este sentido, ya que "en dos meses el traspaso de las competencias tiene que ser efectivo y hay muchos expedientes, bienes, personal que se pueden ver perjudicados". De todos modos, Márquez ha dejado claro que las resoluciones declarativas de derechos que sean firmes serán inmunes.

En este sentido, Areda entiende que la mejor forma de gestionar y administrar el Guadalquivir, aceptando el fallo del Tribunal Constitucional y del Supremo, es la puesta en marcha de una Agencia Estatal Intercomunitaria, que permitiría la participación de las Comunidades Autónomas por las que discurre la cuenca del Guadalquivir, pero primaría, en los órganos de decisión, la participación de Andalucía, teniendo en cuenta que el 92 por ciento de la cuenca es andaluza.

"Nuestra propuesta de implantar una Agencia Estatal Intercomunitaria se encuentra amparada por la Ley", reconoce el secretario general de Areda, haciendo alusión a la Ley 18/2006 de 18 de julio, Ley de Agencias Estatales para la mejora de los Servicios Públicos, que recoge esta figura jurídica, ya presente en distintos espacios como la Agencia Estatal de Meteorología o la Agencia Estatal Tributaria.

Por ello, Areda exige que se aclare "cuanto antes" la situación porque los regantes andaluces se encuentran inmersos en una "inseguridad jurídica y en un caos competencial sin precedentes".