Las organizaciones agrarias andaluzas UPA, Asaja y COAG han pedido este jueves que se asuman las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo sobre las competencias de las aguas del Guadalquivir y han pedido al Gobierno y a la Junta que trabajen con "celeridad" para que Andalucía tenga el peso que se merece.

Así, por su parte, el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, ha exigido "celeridad" en la creación de la Agencia Estatal Intercomunitaria para gestionar el Guadalquivir, después del fallo del Tribunal Constitucional y, posteriormente, del Tribunal Supremo.

Según ha indicado, la sentencia del Tribunal Supremo añade "una mayor inseguridad jurídica" a las medidas adoptadas en estos "más de dos años" de competencias de la Junta de Andalucía e, incluso, a la propia encomienda de gestión entre el Gobierno estatal y el andaluz. No obstante UPA-A afirma que, por el principio de seguridad jurídica, "las resoluciones declarativas de derechos que sean firmes son inatacables".

Asimismo, Rodríguez ha recordado que se está "ante un hecho histórico", ya que es "la primera vez" que se da una situación como esta, puesto que "en dos meses, el traspaso de bienes, expedientes y servicios al Estado tiene que ser un hecho, por lo que se espera un proceso complejo y sobre el que no hay precedentes". Y es que, con la sentencia del Tribunal Supremo, "hay muchos recursos que se verán afectados".

De esta manera, Rodríguez ha recordado la propuesta de crear la Agencia Estatal Intercomunitaria que UPA-A planteó para gestionar el río Guadalquivir, después de que el pasado 16 de abril el Tribunal Constitucional anulase el traspaso de las competencias exclusivas a Andalucía del gran río. Así, esta propuesta ha vuelto a ser pedida, ya que es "la única vía que permitiría de forma rápida, y bajo el cumplimiento de las sentencias del Constitucional y el Supremo, que Andalucía gestionase el Guadalquivir", ha apuntado.

El secretario general de UPA-A ha recordado que la Agencia Estatal Intercomunitaria es una figura jurídica recogida por la Ley 18/2006 de 18 de julio, Ley de Agencias Estatales para la mejora de los Servicios Públicos, de modo que "no habría que desarrollar una nueva normativa para su puesta en marcha y su tramitación sería rápida". Este instrumento estatal respondería, a su juicio, a los criterios de descentralización y, por tanto, cercanía con el usuario; gestión eficaz y ágil; transparencia; participación y equilibrio territorial". "En definitiva, un instrumento de gestión pública moderno, con capacidad de responder a las necesidades reales de los usuarios, propio de una Administración del siglo XXI", ha subrayado.

En este sentido, UPA-A ha recordado que la mencionada Agencia ya funciona en otros estamentos, como es el caso de la Agencia Estatal Tributaria, donde la Junta de Andalucía tiene competencias en la gestión de los tributos en nuestra Comunidad. De este modo, la Agencia Estatal Intercomunitaria permitiría la participación en los órganos de gestión de la misma de Andalucía y resto de Comunidades Autónomas por cuyo territorio discurre la cuenca del Guadalquivir.

"perder tiempo y dinero"

Por su parte, el presidente de Asaja-A, Ricardo Serra, ha instado a "asumir" la sentencia y "cumplirla" porque "todo lo que se haga que no sea en esa dirección es perder el tiempo" y más después de la "claridad con la que lo ha mostrado el Tribunal Constitucional y ahora reforzado por una nueva sentencia".

De esta manera, dijo no entender "cómo estamos todo el día intentando darle la vuelto para hacer lo blanco, negro y viceversa" cuando "lo más sencillo es asumir que es inconstitucional y tomas las medidas adecuadas".

"Seguir por esta vía es dilatar la solución del problema perder tiempo y dinero, cuando lo más lógico y razonable es asumir la sentencia, restituir como lo ha dicho el Tribunal y poner las cosas en orden para empezar a trabajar en el futuro", ha subrayado.

Por su parte, el secretario de Organización de COAG-A, Eduardo López, ha señalado que se debe acatar la sentencia del Supremo porque "ir en contra de esto y convertirlo en una lucha sin fin no tiene sentido". En este sentido, ha señalado que "lo importante" es que la comisión bilateral entre España y Andalucía dé la corresponsabilidad a la Comunidad andaluza que "ésta se merece conforme a la importancia que tienen las aguas en su territorio".

Así, ha pedido "un esfuerzo político" de las distintas administraciones para que haya "entendimiento" para garantizar que Andalucía no se desvincula de las aguas del Guadalquivir por su cercanía y por su afectación en la ciudadanía".

"Pormenorizar más sobre este asunto no tiene sentido, se trata de una minoría de las aguas del Guadalquivir las que afectan a otros territorios y a una minoría de ciudadanos", ha subrayado, por lo que ha instado a "la sensatez y el diálogo y a no crear más polémica sobre un asunto que el Constitucional ha dejado claro".

Por último, ha pedido a la Junta que en la planificación de la gestión de las aguas "el regadío andaluz no se vea menospreciado o perjudicado por el distanciamiento de la gestión del Gudalquivir".