El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado el pasado mes de mayo por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados a la Ley de reordenación del sector público andaluz aprobada en el mes de febrero por el Parlamento de Andalucía, con el apoyo del PSOE-A, la negativa del PP-A y la abstención de IULV-CA.

En un acuerdo adoptado el pasado siete de junio por el Pleno del Tribunal Constitucional, consultado por Europa Press, se establece dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, así como a la Junta de Andalucía y al Parlamento de Andalucía, a través de sus presidentes.

Todo ello, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo, se acuerda publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La portavoz parlamentaria de los 'populares', Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, fueron los encargados de registrar el recurso en la sede del tribunal, donde les acompañaron varios diputados del PP-A como Fátima Báñez, Juan José Matarí o Rafael Hernando, entre otros.

Según explicó Sáenz de Santamaría, el objetivo del recurso es "proteger y defender" los derechos de los funcionarios ante lo que consideran un "ataque brutal" contra los mismos y una "huida de las reglas". También añadió que dicho recurso pretende defender a la Administración pública frente a la "privatización de la Junta de Andalucía", siendo "necesario" que las funciones "típicamente administrativas sigan desarrollándose por funcionarios públicos".

El PP ya había recurrido anteriormente el primer decreto ley sobre la reforma, que se derogó tras la aprobación de un segundo que se tramitó como ley y fue aprobado en la Cámara andaluza sólo con el voto del PSOE.