Piden más de 7 años para un acusado de traficar con cocaína al que se intervino una pistola simulada

La Audiencia Provincial de Cádiz juzga este martes a un hombre acusado de un delito contra la salud pública para quien el Ministerio Fiscal solicita siete años y nueve meses de prisión. Destaca que al reseñado le fueron intervenidos un kilo de cocaína y una pistola simulada, entre otros efectos.

La Audiencia Provincial de Cádiz juzga este martes a un hombre acusado de un delito contra la salud pública para quien el Ministerio Fiscal solicita siete años y nueve meses de prisión. Destaca que al reseñado le fueron intervenidos un kilo de cocaína y una pistola simulada, entre otros efectos.

Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado de Instrucción de El Puerto de Santa María inició en diciembre de 2006 el procedimiento de diligencias previas contra diferentes personas para investigar su dedicación al tráfico de drogas.

Los investigadores cursaron intervenciones telefónicas "autorizadas por el juzgado", siendo uno de los afectados el procesado. En una de las conversaciones hablaba con otra persona —contra la que se sigue un procedimiento independiente por estos hechos— sobre lo que parecía la preparación y consecución de actos ilícitos a la propiedad.

Así, el juzgado autorizó entradas y registros en los domicilios de los investigados, entre ellos el reseñado. Se llevó a efecto en julio de 2007, encontrando en su casa un envoltorio de plástico con una sustancia que resultó ser cocaína, con un peso de 1.007 gramos y una pureza del 77,2 por ciento, valorada en 33.789 euros. Señala que el acusado poseía la droga "para su distribución a terceros".

También se localizó en el registro 390 euros en billetes de distinta clase producto de la ilícita actividad, varias joyas de oro cuya procedencia no se ha acreditado, teléfonos móviles , una pistola, cartuchos de nueve milímetros parabellum y varias anotaciones manuscritas con teléfonos.

El Ministerio Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, por lo que solicita una pena de siete años y nueve meses de prisión, así como una multa de 40.000 euros y las costas procesales.

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