La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha explicado este viernes que su informe de 2010 sitúa a Castilla y León como una de las comunidades autónomas con menor porcentaje de denuncias por supuestas agresiones policiales, con 17 denuncias, o lo que es lo mismo, 0,66 por cada 100.000 habitantes.

Según los datos expuestos por los representantes de la Coordinadora, la media estatal es de 1,15 por cada 100.000 habitantes y durante el pasado año se registró un menor número de denunciantes que en 2009 pero, por el contrario, aumentó el volumen de situaciones en las que se produjeron esas supuestas agresiones.

Se trata del séptimo año que esta agrupación presenta el informe 'La tortura en el Estado español', que muestra cómo en Castilla y León se presentaron un total de 17 denuncias en nueve casos de intervenciones policiales. Este dato sitúa a la Comunidad como la quinta con menos denuncias, sólo por delante de Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha y La Rioja, donde cabe apuntar que la Coordinadora no tiene presencia y, por lo tanto, la cifra real puede ser mayor.

El mayor porcentaje de actuaciones policiales denunciadas se registra en Melilla, con 7,89 denuncias por cada 100.000 habitantes; por delante de País Vasco y Navarra —la agrupación contabiliza conjuntamente estas dos autonomías—, Ceuta, Madrid, Islas Baleares, Aragón y Galicia, todas ellas por encima de la media —1,15 por cada 100.000 habitantes.

No obstante el representante de la coordinadora Carlos Hernández ha advertido de que los números reales de casos de maltrato policial son "mucho mayores" pues ha asegurado que tienen constancia de que, en muchos casos, los inmigrantes, los 'sin techo' y los menores de edad que sufren agresiones por parte de las fuerzas del hombre se suelen negar a presentar denuncias.

Así, entre las principales situaciones sobre las que advierten mayor agresividad policial han citado las detenciones en régimen de incomunicación, movilizaciones sociales, inmigrantes, población reclusa, menores y otras situaciones como controles de tráfico y fiestas locales.

En cuanto a los cuerpos policiales, Carlos Hernández ha explicado que los más denunciados han sido el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, lo que se debe según su opinión a que estas fuerzas se encargan de la función de antidisturbios en Navarra, una Comunidad en la que la Coordinadora ha percibido un incremento de los casos sobre todo en actuaciones durante las fiestas de San Fermín de 2010.

Por su parte, Lluisa Domingo ha insistido en reprochar que los agentes policiales incumplen sus obligaciones de identificación ya que, en muchos casos, llevan la ficha con el número personal de cada agente tapada con chalecos.

Por su parte, el portavoz de la Coordinadora, Jorge del Cura, ha apuntado que las circunstancias especiales de cada año pueden influir también en la incidencia de las agresiones sobre uno u otro sector de la población. Así, ha recordado que en 2009 hubo más menores y estudiantes que presentaron denuncia al realizarse más manifestaciones contra el Plan Bolonia, mientras que el pasado año hubo más incidencia en las movilizaciones sociales y laborales.

Movilizaciones del 15M

Los miembros de la coordinadora también han comentado las actuaciones policiales llevadas a cabo en distintas concentraciones y manifestaciones del movimiento juvenil y las acampadas del 15M. Del Cura ha incidido en que, "aún si fuera cierto que los manifestantes hubieran agredido o insultado a los agentes, la actuación de la Policía sería ya desmesurada".

Por ello, ha calificado de "brutalidad policial" sucesos como los de los últimos días en Valencia, el desalojo del campamento de la Plaza de Catalunya en Barcelona el 27 de mayo y las detenciones en Madrid el mismo 15 de mayo. Mientras tanto, Lluisa Domingo, que formó parte del equipo legal que asesoró a los manifestantes agredidos en la capital catalana coincidió en los adjetivos "desmesurado y desproporcionado".

La activista ha citado que durante dicha actuación de la Policía se vulneraron derechos como la integridad física y moral, a la propiedad, la intimidad y a la libre circulación. Asimismo, ha subrayado que no se produjo "provocación" por parte de los concentrados si bien ha apuntado que algunos lanzaron "alguna botella" cuando los agentes ya se retiraban.