La Unión de Consumidores de Asturias (UCE-Asturias) ha informado de que el Ayuntamiento de Oviedo ha abierto expediente a ocho parkings de la ciudad, en ejecución de la sentencia del TSJA, que estimó la denuncia de esta organización por cobros abusivos. El presidente de la asociación, Dacio Alonso, ha recordado este viernes que si el Consistorio ha emprendido este trámite es "obligado" por el fallo, y considera que su alcalde, Gabino de Lorenzo, quien está a la espera de salir reelegido mañana en la sesión de investidura, debería dimitir.

En rueda de prensa, UCE informó de la apertura del expediente contra los aparcamientos privados de Uría Center, Renfe, Foncalada, Coronel Aranda, Plaza San Miguel, Escandalera, Longoria Carbajal, Covadonga y El Vasco. La organización presentó una denuncia contra todos ellos en 2007 en el Ayuntamiento pero, según recuerda Alonso, "fue archivada". Así, recurrió a los tribunales, y el TSJA obligó en un fallo de marzo de este año al Ayuntamiento a abrir expediente sancionador.

Ahora que se conoce la orden de inicio del procedimiento, la Unión de Consumidores ha aprovechado para denunciar una vez más "la inactividad o renuncia al ejercicio de sus potestades" por parte del regidor, Gabino de Lorenzo, recordando el texto de la sentencia. Por este motivo ha considerado que "no está legitimado para seguir en el cargo". Alonso entiende que "ha despreciado y perjudicado a los ciudadanos, por favorecer el enriquecimiento ilícito de las empresas radicadas en la ciudad".

Así, recuerda que una de las partes del fallo del TSJA establecía que "el municipio de Oviedo se ha convertido en refugio de proveedores de bienes y servicio a los consumidores, al menos desde el punto de vista de las potestades municipales, pues la Administración nunca tratará de poner frente a tales comportamientos". Alonso recalcó la "gravedad" de esta afirmación judicial y criticó que la misma "no haya tenido ninguna consecuencia política" en el Ayuntamiento de Oviedo.

Los fondos para fines sociales

Así, la UCE demanda ahora que lo que se recaude tras la aplicación del procedimiento sancionador se destine a "fines sociales", como una forma de reparar el "daño causado a los ciudadanos", que el presidente del colectivo considera "irreparable".

Asimismo UCE pide que, al margen de las sanciones, se realice un estudio de lo que los parkings "han ganado" con el cobro de dichas cláusulas durante estos años, y se les obligue a pagar una cuantía similar. Los cálculos de la organización son de unos 300.000 euros por las sanciones, y un millón de euros en total, con la suma de los cobros efectuados.

A modo de ejemplo, Alonso recordó los casos de tres de los parkings mencionados: el de Foncalada, que cobraba 40 céntimos por acceso y circulación, el de Uría, que cobraba 90 céntimos por el primer minutos de estacionamiento, y el de Coronel Aranda, al que una sentencia judicial permitió subir sus tarifas un 15%, y "el Ayuntamiento no la recurrió, como era su obligación", recuerda el presidente de la UCE.