La secretaria general del PA, Pilar González, ha rechazado una privatización ni una externalización de los servicios en los ayuntamientos y ha planteado abrir un debate sobre el papel de las diputaciones provinciales.

González se ha reunido este jueves con representantes de UGT-A y CCOO-A para analizar la situación tras las elecciones municipales del 22 de mayo y ha indicado que mientras que PP y PSOE "no dan muestra de sensibilidad, responsabilidad ni cordura en los meses de legislatura que quedan", el PA ha planteado abrir un debate sobre la función y papel de las diputaciones provinciales.

La dirigente andalucista, quien ha recordado que esa propuesta ya el PA la ha planteado desde hace tiempo, ha precisado que "se destinan 25.000 millones de euros a las diputaciones provinciales en España", por lo que demandado que se abra un debate, "pues esos recursos se pueden gastar mejor si se destinan a la financiación de los ayuntamientos".

Por ello, considera que "ahora es un buen momento plantearlo con serenidad, sensatez y cordura, frente a la confrontación permanente por otras cuestiones", toda vez que "estamos en el siglo XXI y hablamos de las diputaciones, contempladas en la Constitución de Cádiz de 1812, por lo que se pueden modificar algunas cosas".

Por otro lado, González ha precisado que en el encuentro con UGT-A y CCOO-A se ha hablado de la situación de los ayuntamientos, del paro como principal problema de Andalucía y asegura compartir la filosofía de "mantener los servicios públicos y la gestión pública y no privatizar ni externalizar los servicios que se prestan a los ciudadanos".

La dirigente andalucista, quien respeta, comparte y apoya las propuestas sindicales, ha recordado que los problemas de financiación de los ayuntamientos "son algo recurrente desde hace 30 años y siempre se habla cerca de las elecciones municipales, pero no en el durante para solucionar esos problemas".

Pilar González ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad y cordura" de los empresarios "para que no tengan miedo a los derechos de los trabajadores ni disminuyan las posibilidades de contratación". "La mejor estrategia es hacer acuerdo y no escenificar ni mezclar lo partidario ni estrategias partidistas con la negociación colectiva", ha agregado.

El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha mostrado su disposición a participar en un debate sobre el papel de las diputaciones "que desempeñan un papel muy importante, especialmente para aquellos ayuntamientos que por sí solos no tienen capacidad para sacar adelante sus servicios a los ciudadanos", por lo que, a su juicio, "cualquier cambio que se planteara en un futuro habría que prever como sería y qué consecuencias tendría y qué alternativas habría que aplicarse".

Pastrana considera que "desde hace mucho tiempo este país no se puede permitir tener una administración de tercera por intereses partidarios" y ha lamentado que no se haya abierto el debate sobre la financiación de los consistorios "porque la opción ha sido hasta ahora la financiación de las comunidades autónomas".

El dirigente sindical considera que las leyes de financiación local aprobadas por la Junta están ayudando pero apunta que "no hay ninguna comunidad autónoma que pueda asumir el déficit presupuestario por sí sola de sus ayuntamientos, es algo impensable".

Pastrana ha asegurado que UGT comparte muchos planteamientos con el PA "tanto análisis como soluciones alternativas" para los ayuntamientos, que "tras las elecciones deben cumplir un papel de atención a las personas y también de dinamización económica", toda vez que "es la mayor empresa de cada una de las ciudades y los pueblos".

Por ello, tras rechazar una destrucción de empleo en los consistorios, ha insistido en la necesidad de modificar la financiación actual de los ayuntamientos, pues "la correlación entre Estado, comunidad autónoma y consistorio es desequilibrada e injusta".

Pastrana, quien ha preguntado a los dos grandes partidos "si van a seguir con sus diatribas y batallas permanentes o van a solucionar el grave problema de financiación municipal", ha insistido en la necesidad de un debate político sobre los problemas de financiación de los mismos, pues no solventar dichos problemas "supone una pérdida de empleo, pérdida de servicios, de cobertura y hundimiento indirecto de empresas y de empleo".

Posición de ccoo-A

Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, quien considera que "los niveles de participación de los ayuntamientos en los recursos públicos son los mismos que hace 35 años", sí se ha mostrado partidario de abrir un debate sobre las diputaciones y su papel y sobre "cual es la mejor forma de servicio a los ciudadanos y de financiación", manteniendo siempre la premisa de respeto al empleo de las personas que trabajan en las diputaciones.

En ese sentido, ha reconocido que "es cierto que hay muchos ayuntamientos pequeños que tienen dificultades para dar los servicios", aunque insiste en la necesidad de "abrir un debate para ver cómo se moderniza, cómo se hace más ágil y mas eficaz" dichas administraciones.

Carbonero, quien también aboga por abrir un debate sobre la Ley Electoral para "una mayor garantía participativa y para que las minorías puedan tener representación en los parlamentos", ha precisado que han trasladado al PA "nuestra preocupación por la situación que atraviesan los ayuntamientos y las dificultades de financiación".

En ese sentido, tras reconocer que "es difícil un cambio de la Ley de Financiación ante la coyuntura política", ha abogado por buscar soluciones "que permitan que los ayuntamientos mantengan servicios que prestan a los ciudadanos y que no haya mermas en esos servicios, y además se respete el empleo, pues sería una temeridad tomar decisiones de pérdida de empleo bajo la bandera de la austeridad".

Carbonero ha mostrado su disposición al "diálogo y búsqueda de soluciones compartidas para respetar empleo y derechos", ha pedido al PA una apuesta por el empleo y búsqueda de soluciones a problemas de morosidad y cumplimiento de los ayuntamientos de actuaciones en otras áreas como rehabilitación de viviendas".

A juicio del dirigente de CCOO-A, "un recorte de prestaciones de servicios vendría a aumentar la presión que nos lanzan desde Europa, como las recomendaciones de subida del IVA o incremento de precios energéticos", a la que CCOO se opone al considerarlo "injusto e innecesario y además poco rentable", ya que, en el caso del IVA "supondría situar el coste de las cosas igual para Botín que para un parado que no cobre el desempleo".

Carbonero también rechaza una reducción de costes sociales, toda vez que "los sindicatos hemos hecho un esfuerzo racional y sensato de responsabilidad para dar viabilidad y futuro al sistema público de pensiones para que todos los trabajadores tengan derecho a una pensión desde lo público", por lo que a su juicio, una reducción de cotizaciones sociales "supone un trasvase de las rentas del trabajo y de los trabajadores a las rentas del capital y al beneficio de las empresas, poniendo en riesgo el pago futuro de las pensiones".