El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha instado este jueves a empresarios y sindicatos a seguir negociando la reforma del sistema de convenios colectivos, porque si llegan a algún acuerdo el grupo socialista lo incorporaría con "enorme alegría" al decreto ley del Gobierno durante su tramitación parlamentaria.

"El proceso no acaba mañana, empieza mañana", dijo Gómez tras recibir el rechazo de los agentes sociales al borrador de la norma que aprobará este viernes el Consejo de Ministros y que después se remitirá al Parlamento.

El ministro se mostró abierto a negociar en cuanto a la flexibilidad interna de las empresas, es decir, las condiciones laborales de los trabajadores, pero advirtió de que "no habrá reforma en la ultraactividad -prórroga automática de los convenios- que desproteja a los trabajadores".

Gómez descartó que el proyecto esté hecho "a medida de los sindicatos" y defendió que se trata de la propuesta "más atrevida y profunda de la historia de las relaciones laborales". Al respecto, destacó que introduce tres elementos de flexibilidad interna que ningún gobierno había abordado: el descuelgue de los pactos salariales, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y la prevalencia del convenio de empresa.

El ministro rebajó de los 20 meses previstos en el borrador a un periodo de entre 12 y 18 meses el plazo que tienen patronal y sindicatos para negociar un nuevo convenio, una aportación que está "más próxima al planteamiento empresarial", reconoció.

Pasado ese plazo, tendrían que someterse a un arbitraje, que sería vinculante, y así se llevarán menos asuntos a los juzgados de lo social. Pero antes de este arbitraje, se pretende que algunas discrepancias puedan dirimirse "en días" en las comisiones paritarias como paso intermedio.

La norma sólo afectará a los nuevos convenios y no modificará los acordados en otro marco legal. El ministro se refirió a que "prácticamente todos los análisis" apuntan a que el principal defecto en esta materia en España es el "excesivo" peso de los convenios provinciales y la dificultad de que las empresas puedan salirse de ese ámbito.

Respecto al calendario para la aprobación final, dijo que se iniciará un periodo de enmiendas "razonable" que combine "seriedad con urgencia" y añadió que ya se ha avanzado en una parte sustancial con los grupos parlamentarios y que la primera impresión ha sido "positiva" porque ha habido voluntad de colaboración.

Gómez señaló que la principal dificultad para el Gobierno a la hora de hacer esta reforma ha sido que ha tenido en cuenta "elementos" que se han "dicho" durante el proceso negociador, pero no hay un texto escrito y había que buscar equilibrios entre la ultraactividad, que defendían los sindicatos, o una mayor flexibilidad interna, como reclamaba la patronal.

En este sentido, el Gobierno debe poner "orden, paz, rigor, equilibrio y, en ocasiones, justicia", subrayó. Valoró la actuación del presidente de la CEOE, Juan Rosell, de quien dijo ha "colaborado lealmente" con el Gobierno y los sindicatos a pesar de que no se haya podido alcanzar.