La Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) ha instado al Gobierno cántabro a que se muestre "inflexible y enérgico" en la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegales las conocidas como 'vacaciones fiscales', una serie de ayudas otorgadas por las instituciones vascas a empresas instaladas en su territorio y que, según dice, "perjudicaban notablemente a Cantabria".

Entre otras medidas, la asociación reclama que el Ejecutivo "vigile y tutele" la aplicación de la sentencia y "el pago de las correspondientes sanciones" que, en modo alguno, en su opinión, "pueden correr a cargo del conjunto del Estado, sino de las instituciones vascas, dentro del absoluto respeto institucional al marco estatutario vasco".

De la misma forma, ADIC insta a valorar las consecuencias que han tenido para Cantabria las 'vacaciones fiscales', por lo que pide al Gobierno que, primero, "dé a conocer" cómo se ha personado en este procedimiento, y en segundo lugar que emprenda la apertura de los correspondientes informes que valoren la incidencia de esos incentivos en la economía y sector empresarial cántabro.

De esta manera, según la asociación, "podremos saber", en primer lugar, "si, efectivamente, durante los años noventa, cuando se produjo este asunto, el Gobierno cántabro hizo algo de verdad", cuestión que ADIC "pone en duda".

"Y segundo, que empiece a reclamarse de una vez compensaciones por los privilegios fiscales de Euskadi, cuyas consecuencias son evidentes".

En este sentido, la asociación considera que esta sentencia "es un paso más" en la "obligación" que tiene Cantabria en reclamar una serie de compensaciones por el llamado "efecto frontera", es decir la "incidencia que sobre nuestra economía tiene el ser limítrofes con un territorio que tiene privilegios fiscales".

ADIC recuerda que ya se manifestó "hace quince años" exigiendo que el Gobierno fuera un "firme defensor" de los derechos de los cántabros, y más recientemente pidió compensaciones por el "blindaje" de las normas forales, "todo dentro del marco de una reforma estatutaria que hoy se hace cada vez más imprescindible", recalca.

Según la asociación, "eludir las consecuencias de la sentencia o no reclamar compensaciones sería un gravísimo error del que Cantabria saldría perjudicada".

ADIC cree que es necesario que Cantabria "ejerza y reclame autogobierno", al igual que "pueda hacerlo y lo hace" el Ejecutivo de Euskadi, y defienda sus derechos "de manera firme", porque la situación fiscal es, a su juicio, "absolutamente desigual".

Con todo, advierte de que "no se puede caer en la demagogia de utilizar esta sentencia para echar la culpa de la situación de Cantabria a los privilegios vascos". "Cantabria tienen la posibilidad de competir legalmente con esta situación. Otra cosa es que no quiera hacerlo", concluye.