El defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, y la defensora del Pueblo de España, María Luisa Cava de Llano y Carrión, han reclamado este miércoles para los mayores una red adecuada de servicios asistenciales XXVI jornadas de Coordinación, en las que han analizado los derechos de las personas mayores, según han informado fuentes de esta institución en un comunicado.

Entre las conclusiones del encuentro, se ha puesto de manifiesto la necesidad, especialmente marcada en contextos como los actuales de crisis económica, de que los poderes públicos atiendan el mandato de garantía de la suficiencia económica, teniendo en cuenta los datos de la OCDE en los que se reflejan que un 25 por ciento de los españoles mayores de 65 años se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.

En este punto, "cobra singular relevancia, como complemento del nivel básico asistencial establecido por el Estado, el sistema de servicios sociales de cada comunidad autónoma".

De otra parte, los defensores han recordado "la inadecuación de las viviendas, en tamaño o por la existencia de barreras arquitectónicas, o la imposibilidad de salir de las mismas por ausencia de ascensores o limitaciones en el transporte, constituye un tema recurrente donde las administraciones han de intervenir necesariamente".

Para aquellas personas que no deseen o no puedan vivir en su domicilio, "el sistema debe disponer de una red de recursos asistenciales suficiente: residencias permanentes o temporales, centros de día o de noche, y que además esté coordinado entre las diferentes comunidades autónomas, de forma que se permita el traspaso territorial cuando la persona mayor tenga su familia en otra región".

En cuanto a los derechos de las personas mayores en la aplicación de la ley 39/2006, de 14 de diciembre (Ley de Dependencia), "se ha invadido y saturado la tradicional oferta de servicios sociales autonómicos a las personas mayores, privando de su disfrute a los antiguos usuarios que no tengan la condición de dependientes".

Otra de las deficiencias es que "resulta insuficiente el desarrollo de la normativa estatal por parte de las comunidades autónomas. En muchas de ellas no se han aprobado todavía los decretos que regulan el procedimiento de reconocimiento de la prestación, copago, retroactividad o expedientes de fallecimiento".

En este sentido, se pide la intervención armonizadora de un Consejo Interterritorial del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD).

Constatada la existencia de vulneración de los derechos y libertades de las personas mayores, los Defensores del Pueblo han acordado elevar a los poderes públicos que ante el incremento de la esperanza de vida de la población española, "la prevención y promoción de los hábitos saludables de manera precoz y el fomento del envejecimiento activo se configuran como los mejores elementos para una vejez sana".

En este sentido, es importante también "potenciar la prevención de la dependencia a través del SAAD dirigido a personas mayores dependientes o en riesgo de estarlo".

Asimismo, desde un punto de vista normativo, "urge la elaboración y aprobación de 'Cartas de Derechos y Deberes de las personas mayores', 'Planes de Mayores' y las correspondientes 'Carteras de servicios sociales autonómicas'".

Por otra parte, para asegurar una atención de calidad en todo el territorio nacional, ha de articularse la coordinación entre los diferentes territorios autonómicos, mediante, entre otras actuaciones, la implantación electrónica de la historia clínica integrada.

También, se observa la necesidad de una intervención armonizadora del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para establecer criterios comunes en el cumplimiento de los plazos para el reconocimiento de los servicios y prestaciones, la compatibilidad entre los mismos, el régimen de retroactividad y el tratamiento de expedientes de personas fallecidas.

Consejos sectoriales

Los defensores ha pedido que con la finalidad de incorporar la perspectiva de edad en las políticas públicas, es necesario promover la creación de Consejos Sectoriales autonómicos y locales, "impulsando la tarea participativa de las personas mayores en los organismos públicos y fomentando su asociacionismo".

Asimismo, han solicitado la creación de un espacio socio-sanitario se configura como una herramienta esencial para asegurar la continuidad entre el sistema sanitario y los servicios sociales.

Para ello se propone la creación de mapas sociosanitarios que superen la tradicional separación entre zonas sanitarias y áreas sociales, la homogenización de contenidos de la historia clínica integrada, la realización de valoraciones geriátricas integrales y la conexión entre los servicios especializados y la atención primaria.

Es necesario potenciar los recursos geriátricos y gerontológicos existentes en el sistema sanitario y en los servicios sociales, especialmente en lo relativo al número y selección de personal especializado.

En relación con los malos tratos a personas mayores, ya sean físicos, psíquicos o económicos, es necesario establecer programas específicos de detección y protocolos de actuación que aporten soluciones ágiles y eficaces a las víctimas.

En cuanto al gasto farmacéutico, se requiere la promoción de políticas de educación y participación sanitaria, que fomenten el uso racional de los medicamentos.