El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB), Francisco Javier Muñoz, se ha declarado incompetente para continuar instruyendo la pieza separada del caso Palma Arena que investiga la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava por parte del Govern para el anteproyecto de la Ópera de Palma, y ha acordado remitir las actuaciones al titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro.

Así consta en el auto que ha dictado el magistrado, en el que ampara su decisión en el hecho de que el ex conseller de Educación y Cultura, Francesc Fiol, ha dejado de ser diputado en el Parlament y por tanto ha perdido la condición de aforado de la que gozaba, que justificaba la competencia de Muñoz.

Por su parte, la Fiscalía ha presentado un escrito en el que solicita la práctica de nuevas diligencias en la causa, dentro del plazo del que disponía para pedir la transformación de la pieza a procedimiento abreviado (de cara a presentar escrito de acusación), solicitar el sobreseimiento de las actuaciones o pedir nuevas actuaciones.

El pasado lunes, la abogacía de la Comunidad Autónoma hizo entrega del escrito en el que solicita el sobreseimiento y archivo de la pieza, después de que Muñoz dictase una providencia en la que dio por finalizada la instrucción de la pieza de la Ópera, y daba cinco días hábiles al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para pronunciarse sobre la continuidad del proceso.

Cabe recordar que esta pieza fue elevada al TSJIB el 4 de abril mediante un auto en el que la Sala de lo Civil y Penal, compuesta por los magistrados Antonio Terrasa, Javier Muñoz y Fernando Socías, asumía la pieza debido a la condición de aforado de Fiol, para quien el pasado mes de marzo la Fiscalía reclamó una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros.

El ex conseller declaró el pasado 30 de mayo en calidad de imputado ante el Tribunal Superior y aseguró que el expediente de contratación del arquitecto valenciano para el anteproyecto de construcción del palacio de la Ópera, por 1,2 millones de euros de las arcas del Govern, se llevó a cabo de forma correcta y legal, negando que se produjera alguna irregularidad para favorecer a Calatrava.