Nadal atribuye a Antich y a los hoteleros la decisión de instalar cámaras en las playas y defiende de su tramitación

El ex conseller de Turismo del Govern, Miquel Nadal, ha atribuido al presidente del Ejecutivo autonómico en funciones, Francesc Antich, y a los representantes hoteleros la decisión de instalar cámaras en las playas de Mallorca tras los atentados que ETA perpetró en 2009 en Palmanova, al tiempo que ha defendido la tramitación por la que fue adjudicada su colocación, llevada a cabo por el responsable informático del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Carlos Martínez, a pesar de estar contratado en esta empresa pública.

El ex conseller de Turismo del Govern, Miquel Nadal, ha atribuido al presidente del Ejecutivo autonómico en funciones, Francesc Antich, y a los representantes hoteleros la decisión de instalar cámaras en las playas de Mallorca tras los atentados que ETA perpetró en 2009 en Palmanova, al tiempo que ha defendido la tramitación por la que fue adjudicada su colocación, llevada a cabo por el responsable informático del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Carlos Martínez, a pesar de estar contratado en esta empresa pública.

Durante su declaración como imputado ante la jueza instructora del caso Voltor, Carmen Abrines, Nadal ha recordado que tras los atentados así como debido a la incidencia de la gripe A, Antich decidió reunir en un gabinete de crisis a los principales responsables hoteleros, quienes le trasladaron su preocupación por la incidencia que esta situación tendría en el turismo, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

No obstante, Martínez ya recordó, en la declaración que prestó como encausado ante la magistrada, que Nadal estaba interesado en la instalación "en tan sólo una semana" de cámaras en las playas por seguridad tras los atentados, plazo de tiempo que motivó que ninguna empresa se ofreciese para ello. Sólo una vendió los equipos, que compró Martínez para él mismo instalarlos, tras lo cual el Inestur le refacturó la cantidad abonada (5.846 euros).

En concreto, el también ex presidente de UM ha comparecido dentro de la pieza número 5 del caso Voltor, que investiga si el Inestur abonó de forma presuntamente irregular unos 70.000 euros a su coordinador de Informática a través de dos sociedades que éste habría creado expresamente para ello y pese a estar contratado a su vez en la empresa pública. Unos ingresos -62.000 euros más IVA- que percibió entre 2007 y 2009 mediante sus empresas Mediterránea 2F y TCP-IB Technologic, según las pesquisas.

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