El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria considera que los nombramientos de los directores de varios centros de atención a la dependencia y a menores no debieron hacerse por el método de libre designación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado la modificación de la estructura orgánica y la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Empleo y Bienestar Social, aprobada en diciembre de 2009 por el Gobierno de Cantabria para incluir estos nombramientos.

En concreto, esta resolución afecta a los nombramientos de los directores de los centros de atención a la dependencia 'La Pereda', de Laredo, Santander y Sierrallana, así como los de los centros de día de Castro y de los centros de atención a la infancia y adolescencia de Santander y Laredo.

En realidad, esta decisión judicial se adopta en dos sentencias distintas, en respuesta a dos recursos, uno presentado conjuntamente por UGT y CC.OO., y otro por el Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP), aunque la respuesta para ambos es la misma: la anulación de la estructura de la Consejería que permitió estos nombramientos.

En las sentencias, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo argumenta que la ley establece que este método de nombramientos debe ceñirse a secretarías de altos cargos y puestos de especial responsabilidad.

UGT y CC.OO planteaban que la elección del sistema de libre designación fue consecuencia de una decisión administrativa y no de las funciones de estos cargos, censurando que no se negociara la relación de puestos de trabajo, además que las posteriores reuniones de la Mesa de Función Pública sólo "pretendieron dar cobertura formal" a la petición sindical de negociación.

El Gobierno de Cantabria sostenía que el sistema de libre designación era valido para estos nombramientos ante la trascendencia de estos puestos en el organigrama de la Administración, y la necesidad de "confianza" y "colaboración" para el desarrollo de sus funciones.

Pero el TSJC le recuerda que la propia Consejería de Presidencia y Justicia no apreció en distintos informes que se dieran estos factores, y apuntó que lo que se hizo fue "uniformar" las funciones de estos cargos, idénticas para todos los centros. Se advertía que si los directores tenían funciones de decisión y no sólo de ejecución de órdenes, entonces sí valía el método de libre designación, extremo que rechazaba que hubiera sucedido.

La Sala de lo Contencioso rechaza que el perfil de los directores de estos centros no era el que requiere la libre designación, pues el propio Gobierno definía sus funciones como de "supervisión y ejecución" de lo que decidieran los órganos superiores de la Consejería de Empleo y Bienestar Social.

"manifiestamente ilegal"

Según subrayó en un comunicado el responsable regional de Administración Autonómica de UGT, Felipe González, esta formación ya advirtió de que la relación de puestos de trabajo pretendida por el Gobierno era "manifiestamente ilegal".

"Año y medio después el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha corroborado nuestra denuncia, reafirmando una vez más que cuando los gobiernos tratan de sacar adelante sus propuestas sin querer negociar con los representantes de los trabajadores se encuentran tiempo después con una sentencia en contra", señaló.

Y recordó que "aún estamos a la espera de la resolución judicial de otras demandas que hemos interpuesto, como la relativa a la reducción salarial del 5%, la supresión de la acción social o la aportación al plan de pensiones".

El responsable regional de Administración Autonómica de UGT recalcó que "esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria también demuestra que siempre anteponemos la defensa de los intereses de los empleados públicos y la legalidad, sin importar el color político del Gobierno de turno y de si estamos o no en período electoral; a pesar de las campañas difamatorias que han mantenido algunos sindicatos y con las que han conseguido importantes réditos sindicales".

Finalmente, confió en que "el próximo Gobierno de Cantabria tome nota y no tengamos que seguir recurriendo a los tribunales de justicia para garantizar los derechos de los empleados y empleadas públicas".