La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Federación Andaluza de Asociaciones de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex-Andalucía) y las organizaciones empresariales de las provincias afectadas han solicitado a Junta y Gobierno central que se establezcan indemnizaciones para el sector hortofrutícola que ha resultado "dañado" después de que se señalara a los pepinos andaluces como origen de un brote de la bacteria E. Coli.

Estas organizaciones muestran su "apoyo incondicional" a los empresarios del sector hortofrutícola —productores, transformadores y comercializadores— y solicitan que las autoridades "pongan todo su empeño" en que se indemnice a los afectados por "el daño causado a sus legítimos intereses", después de que se señalara a los pepinos andaluces como origen de un brote de dicha bacteria.

Por ello, en una nota, la CEA solicita a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y a la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, que pongan en marcha todas las medidas necesarias para "lograr las compensaciones pertinentes al sector, ante las decisiones precipitadas e irresponsables de las autoridades sanitarias alemanas que han supuesto pérdidas muy cuantiosas, tanto de imagen como económicas".

La organización empresarial andaluza solicita, igualmente, medidas tendentes a "recuperar el prestigio y la presencia de los productos andaluces en los mercados europeos e internacionales, donde tienen históricamente acreditados la calidad, el compromiso con los consumidores y un sistema de seguridad alimentaria homologado a nivel europeo, que requiere importantes inversiones que los sectores empresariales vienen desarrollando".

La CEA también insta a la UE a que establezca medidas de seguridad que "eviten la difusión de falsas informaciones que atentan al contrastado prestigio de los productos andaluces, y a la seguridad jurídica necesaria para desarrollar con éxito la actividad empresarial".

Por tanto, la Confederación andaluza y sus organizaciones territoriales y sectoriales afectadas reclaman que se realice un balance de las pérdidas registradas y exige responsabilidades por las mismas.