Un total de tres trabajadores prejubilados merced al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2003 por el mercado central de abastos de Sevilla; Mercasevilla, han sufrido la "suspensión temporal" del pago de sus prejubilaciones, según ha denunciado públicamente el comité de empresa de la lonja hispalense. Se trata, en concreto, de P.V.M., J.G.M. y J.D.M., quienes figurarían entre las 111 "discordancias administrativas" detectadas por la Consejería de Empleo después de haber revisado 67 expedientes de regulación de empleo a cuenta de la posible trama de prejubilaciones fraudulentas investigada por el Juzgado de Instrucción número seis.

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo incentivados con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

El "fondo de reptiles"

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

Entre los expedientes de regulación de empleo investigados por la Consejería de Empleo y la juez Mercedes Alaya figura el ERE promovido en 2003 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa. Y es que en buena parte de la documentación del procedimiento figura, en calidad de aspirante a la prejubilación, una mujer identificada como María del Carmen Fontela González y que jamás ha trabajado en esta compañía.

El ere de 2003

El nombre de Fontela González, en concreto, figura en el 'estudio de prejubilaciones' del expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por el mercado central de abastos de Sevilla y en el protocolo de colaboración, pero no está incluido en los documentos librados por Mercasevilla formalizando la "salida" de los trabajadores acogidos al ERE de 2003. Porque finalmente, esta mujer fue prejubilada a través del expediente de regulación de empleo impulsado en 2005 por el restaurante sevillano Río Grande, a cuya plantilla tampoco pertenecía María del Carmen Fontela.

De cualquier modo, el expediente de regulación de empleo acordado en 2003 por la sociedad mixta Mercasevilla fue autorizado y plenamente incentivado por la Administración autonómica. No obstante, los extrabajadores identificados como P.V.M., J.G.M. y J.D.M., todos ellos acogidos a dicho procedimiento, han visto recientemente cómo los pagos correspondientes a sus nóminas era "suspendidos temporalmente", según ha informado a Europa Press Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa de Mercasevilla.

"orden" de la junta de andalucía

Según ha relatado Rafael Domínguez, todos ellos entraron en contacto con la empresa de previsión social con la que fueron contratadas las pólizas de seguro de rentas, 'Generali', y sus responsables les comunicaron que la "suspensión temporal" del pago de sus prejubilaciones obedece a "una orden" de la Junta de Andalucía, fuente de financiación de estas prejubilaciones. Rafael Domínguez ha advertido de que estas pólizas de seguro de rentas "están ya pagadas" y ha defendido la validez de estas prejubilaciones, porque los casos de estos extrabajadores figurarían entre las 111 "discordancias administrativas" elevadas por el Gobierno andaluz a la juez Mercedes Alaya.

Dado el caso, el comité de empresa ha puesto el asunto en manos de sus abogados al objeto de reclamar la reanudación de los pagos, convocando igualmente una concentración a las puertas de la sede social de la compañía para este miércoles.