El litigio, que ha concluido ahora con una sentencia de fecha 12 de mayo dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, se remonta al 30 de diciembre de 2003, fecha en la que el departamento de Tomás Villanueva concedió al Ayuntamiento de Peñaflor, entonces gobernado por la popular Isabel Yáñez Baraja, una subvención de 6.396,30 euros para la contratación de tres trabajadores desempleados, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los beneficiarios serían contratados por un periodo de 90 días, y con un plazo máximo de ejecución hasta el 17 de enero de 2004, para la realización de trabajos consistentes en limpieza y acondicionamiento de las cuestas y laderas del entorno urbano.

Ante ello, el Consistorio de Peñaflor realizó la contratación, adelantó los salarios y cumplió todos los requisitos y condiciones establecidos en la resolución, si bien la Intervención Territorial de la Junta denegó más tarde el pago efectivo de la subvención por considerar que la solicitud estaba fuera de plazo, y ello a pesar de que la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) reflejó que la misma tuvo entrada dentro del plazo establecido.

Ante ello, la entonces alcaldesa de Peñaflor realizó diferentes gestiones y dirigió requerimientos ante la Consejería de Economía y el ECYL para que, en cumplimiento de la Resolución de 30 de diciembre de 2003 de concesión de la ayuda solicitada, se ingresara a favor del Ayuntamiento el importe de la subvención o, en su defecto, se le comunicaran los motivos que lo impedían, sin que a la misma se hubiere dado contestación alguna.

Ello motivó que el 17 de abril de 2008 el Ayuntamiento interpusiera recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Economía y Empleo solicitando el abono de dicha cantidad, pretensión estimada ahora por el TSCJCyL, que además aprecia "temeridad" en la actuación de la Junta al haber pretendido negar el pago de la subvención prescindiendo del contenido de un acto administrativo dictado por ella misma y con olvido de preceptos básicos de la Ley Procedimental Común.

Así, la anterior alcaldesa, Isabel Yáñez Baraja, ha expresado a Europa Press su satisfacción por lo que la misma supone de "reparación del perjuicio que la actuación arbitraria de la Junta ocasionó en su momento al Ayuntamiento, que se vio obligado a adelantar los salarios de los trabajadores contratados, lo que supuso una cantidad considerable para el limitado presupuesto municipal, con las consiguientes desequilibrios presupuestarios".