El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha alcanzado este jueves un acuerdo para nombrar nuevo magistrado en la sala de lo Civil del Tribunal Supremo al hasta ahora presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas.

También ha llegado a acuerdo para la sala de lo Contencioso-administrativo del mismo Tribunal, que será el magistrado de lo Contencioso de la Audiencia Nacional José María del Riego, han informado a Europa Press fuentes de este órgano.

La falta del consenso necesario ha imposibilitado el nombramiento de un tercer magistrado que estaba previsto para esta sesión, con destino a la Sala de lo Penal, según las mismas fuentes. Se ha acordado devolver la terna presentada a la Comisión de Calificación de este órgano para que elija una nueva de entre todos los aspirantes que optan al cargo.

La ausencia, hasta este jueves, de consenso entre las diferentes sensibilidades del Consejo había obligado a repetir el proceso de selección de candidatos, pues ninguno de los componentes de las ternas que fueron elevadas en su día por la Comisión de Calificación había obtenido hasta hoy los 13 votos necesarios para lograr el puesto.

Para la Sala de lo Civil se habían presentado, además de Arroyo, Eduardo Baena, Antonio García Paredes, José María Torres y Fernando Zubiri; mientras que para lo Contencioso-Administrativo se postulaban Félida Atienda, Antonio Fonseca-Herrero, José Gil Sáez, Wenceslao Olea, Joaquín Ortiz, José María del Riego y César Tolosa.

En la Sala de lo Penal los candidatos propuestos por la Comisión de Calificación eran María Pía Calderón, María Luisa Corcoy, Antonio del Moral, Susana Huertas y Gonzalo Quintero, si bien ninguno de ellos obtuvo la mayoría suficiente en el Pleno para lograr el puesto.

Los dos magistrados elegidos, además de ocupar sus plazas en sus respectivas salas, pasarán a formar parte como magistrados más 'modernos' de la denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo, que previsiblemente en unos días tendrá sobre la mesa la recusación presentada por el juez Baltasar Garzón contra cinco de los magistrados que tienen que juzgarle por el caso de la memoria histórica.