La Unión de Consumidores de UCE-Andalucía ha advertido este jueves a la patronal farmacéutica andaluza de que "no pueden usar a los usuarios como rehenes en su conflicto con la Consejería de Salud", en referencia al pulso que mantiene con la Consejería de Salud por su intención de sacar a concurso público los medicamentos que se diespensan en las farmacia con cargo a la sanidad pública.

Esta entidad de defensa de los consumidores ha mostrado así su "grave preocupación" por la "evolución del discurso empresarial" tras la ruptura de las negociaciones entre la Consejería del ramo y los representantes farmacéuticos en la negociación del convenio que viene rigiendo en los últimos años las relaciones entre patronal y Administración andaluza.

Además, ha mostrado su apoyo a la Junta para que busque fórmulas que optimicen el gasto farmacéutico, algo que desde la UCE-A entienden como "prioritario", aunque siempre "garantizando la eficacia terapéutica".

Para este organismo de lo que se trata es de "obtener las mejores condiciones del mercado en la compra de unos productos que pagamos los usuarios y contribuyentes, haciendo más eficiente el gasto y liberando recursos para su reinserción en la mejora del sistema".

Del mismo modo, le ha recordado a la patronal del sector las "actuales circunstancias de las arcas públicas" y de la sociedad en su conjunto, "que hacen perentoria la adopción de medidas que mejoren dicha eficiencia y ayuden a la sostenibilidad de un sistema sanitario universal y de calidad, ahora y para el futuro".

Desde este prisma, la UCE-A ha considerado "muy peligroso" que un sector profesional y empresarial, "al que la Unión de Consumidores ha defendido históricamente en su monopolio del medicamento por entender que este producto no debe considerarse como mercancía comercial, utilice ahora argumentos relativos a la libre competencia entre laboratorios o a su libertad para gestionar sus stocks".

Este sector, han agregado, se define precisamente "por la ausencia de competencia y de regulación de las condiciones de prestación del servicio". Por último, han señalado que el sistema propuesto garantiza el beneficio actual a los farmacéuticos, "calculado sobre los precios de referencia y no sobre los de licitación", por lo que han defendido que en "ningún caso puede implicar una negativa a la dispensación por cuanto en ausencia justificada del producto financiado se aplicarían fórmulas de sustitución por otro fabricante".