El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Markaska, que investiga la contratacion del avión Yak-42 (que sufrió un accidente el 26 de mayo de 2003 en Turquía, provocando la muerte de 62 militares españoles) ha remitido un oficio al Ministerio de Defensa para averiguar si la dirección de fax a la que unos meses antes del siniestro llegó un informe de quejas sobre seguridad en los vuelos pertenecía a una línea telefónica de dicho Ministerio.

La providencia dictada por Grande-Marlaska, a la que ha tenido acceso Europa Press, responde a un requerimiento de varios familiares de las víctimas realizada el pasado 14 de abril. Habían solicitado al juez que realizara esta diligencia de urgencia por tratarse, a su juicio, de una de las pruebas claves del caso.

Se trata de un fax fechado el 11 de marzo de 2003 que presuntamente fue enviado por el Jefe del Mando Aéreo de Levante (MALEV) al jefe del Ejército del Aire (JEMA) que contenía quejas sobre cuestiones de seguridad. El documento terminó por error en el centro de Conducción de la Defensa (CECOD), ya que según esta parte su destino tendría que haber sido el Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON).

Concretamente, el juez central de Instrucción número 3 solicita al Ministerio de Defensa que informe si el citado número de fax correspondía en los años 2001 y 2003 a alguna línea interior exterior de dicho Ministerio o a alguno de sus organismos, "y en caso de ser número interior nos refiera a qué número o línea se encontraba asignado así como departamento". La petición de este dato a Defensa coincide con el cumplimiento, mañana, del octavo aniversario del accidente.

Grande-Marlaska mantiene abierto este procedimiento por un total de 62 presuntos delitos de homicidio imprudente por omisión. Los dos principales imputados son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.

También se encuentran imputados en esta causa el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.