La jueza imputa a 29 militantes de UM que cobraban del Consell pese a dedicarse a labores de partido

La titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, ha citado a declarar en calidad de imputados a un total de 29 empleados afines a Unió Mallorquina (UM) que fueron contratados en el Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), si bien las investigaciones del caso Voltor apuntan a que no llegaron a acudir a su puesto de trabajo en esta empresa pública dependiente del Consell, sino que se habrían limitado a realizar labores para el partido nacionalista.

La titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, ha citado a declarar en calidad de imputados a un total de 29 empleados afines a Unió Mallorquina (UM) que fueron contratados en el Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), si bien las investigaciones del caso Voltor apuntan a que no llegaron a acudir a su puesto de trabajo en esta empresa pública dependiente del Consell, sino que se habrían limitado a realizar labores para el partido nacionalista.

En concreto, los encausados han sido emplazados a declarar entre los días 22 y 29 de julio en el marco de la pieza número 13 de la causa, que investiga si ex altos cargos del Consell, entre ellos su ex vicepresidente, Miquel Nadal, favorecieron la contratación irregular de estos militantes 'uemitas' con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.

De este modo, el día 22 comparecerán Poncio Bover, Margarita Belman, Rosa María Vaquer y Antonio Baró; el 25 Manuel Norte, Magdalena Juan, Rocío Lambea, J.A. Rabassa y Osvaldo Frías; el 26 Corina Marinas, Lucía Duque, Catalina Payeras, J.J. de la Peña, Laura Hurtado y Liliana Sierra; el 27 Dolores García, Eva García, Mari Ángeles Mayol, María del Mar García, María del Mar Almendro y Fabiola Velásquez; y el día 29 Alicia Orellana, Antonia Pardo, Margarita Murillo, Juan Cañas, Francisca Pallicer y Sonia Corregidor.

Las citaciones se producen a petición de la Fiscalía Anticorrupción después de que el ex gerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos empleados 'fantasma', presuntamente colocados a instancias de los ex altos cargos de UM, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

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