La gestora territorial del Foro Judicial Independiente ha apoyado este martes la labor de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y ha criticado que IU "quiera decidir a su conveniencia" la fecha en la que debe declarar el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense en funciones, Antonio Rodrigo Torrijos, imputado en el marco de las diligencias incoadas en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla.

Hay que recordar que el Consejo Local de IU de Sevilla acordó dirigirse al coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, para que de forma "inmediata" solicite la intervención del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y pare la "intromisión" de la juez en el proceso electoral democrático sevillano, todo ello después de conocerse en plena campaña electoral que la juez citó a declarar como imputado a Torrijos el día 8 de junio.

Pues bien, el Foro Judicial Independiente ha reiterado su apoyo a la labor de la juez Alaya, que "está realizando en condiciones extraordinariamente difíciles y con gran sacrificio personal", al tiempo que ha considerado que "no es ajustado a un Estado democrático de Derecho que una formación política pretenda poder decidir cuándo se puede llamar a declarar a uno de sus integrantes como imputado, o utilizar criterios de oportunidad política para decidir el ritmo de una investigación judicial".

"ataque a la independencia judicial"

Por el contrario, ha añadido, "constituye un claro ataque a la independencia del poder judicial pretender que el CGPJ actúe contra la magistrada por no ajustarse a la conveniencias políticas de un partido en su actuación rigurosamente profesional". Además, "es contrario al principio de igualdad ante la Ley de nuestra Carga Magna el que una formación política pretenda tener el privilegio, que no tienen los demás ciudadanos, de decidir a su conveniencia el momento en que uno de sus miembros debe acudir a declarar ante un órgano judicial", ha apostillado.

Por último, ha mostrado su preocupación por "la falta de celeridad del CGPJ a la hora de pronunciarse contra este tipo de manifestaciones, que constituyen un ataque directo y frontal a la independencia judicial, un valor sin el cual no es posible el Estado Democrático de Derecho, que es una garantía para los ciudadanos y que se encuentra en claro retroceso, entre otros motivos, por la falta de una defensa enérgica del mismo por el órgano que tiene la misión constitucional de hacerlo".